El activista Erfan Soltani, de 26 años, quedó en libertad bajo fianza este fin de semana tras permanecer detenido desde principios de enero en relación con las recientes protestas antigubernamentales en Irán. La excarcelación fue confirmada por la Organización de Derechos Humanos Hengaw y por su abogado, Amir Mousakhani, quien explicó que la fianza fue de dos mil millones de tomanes (aproximadamente 12.600 dólares).
Soltani, que trabajaba en una tienda de ropa y se convirtió en un símbolo de la movilización social, fue arrestado la noche del 8 de enero de 2026 en Fardis, cerca de Karaj, en el marco del estallido social iniciado a finales de 2025. Aunque algunas fuentes oficiales mencionaron el 10 de enero como fecha de registro formal, organizaciones de derechos humanos y familiares coinciden en que la detención ocurrió el día 8 en su domicilio o en sus inmediaciones, en el distrito de Fardis. La familia estuvo tres días sin información sobre su paradero hasta que las autoridades confirmaron su detención el 11 de enero. Después de semanas de incertidumbre, fue liberado bajo fianza el 31 de enero de 2026.
La familia denunció que las autoridades llegaron a amenazarle con la pena de muerte, si bien la judicatura iraní negó que existiera una condena capital. El sistema judicial informó que los cargos contra él —“colusión contra la seguridad nacional” y “propaganda contra el sistema”— conllevan penas de prisión y que el caso continúa en etapa de investigación.
La detención de Soltani tuvo lugar en el contexto de una ola de protestas que se iniciaron el 28 de diciembre de 2025, provocadas inicialmente por el colapso del rial y una inflación superior al 40%, lo que desembocó en una huelga en el Gran Bazar de Teherán. Con el tiempo, las demandas económicas derivaron en exigencias de cambio político y en pedidos de fin del régimen clerical, con consignas dirigidas contra el líder supremo Ali Khamenei.
Las fuerzas de seguridad respondieron con una represión que observadores describieron como la más letal desde la creación de la República Islámica en 1979. El Gobierno iraní ha reconocido más de 3.000 muertes durante los disturbios, indicando que la mayoría correspondería a miembros de los cuerpos de seguridad y a transeúntes, y atribuye la violencia a “actos terroristas”. Por su parte, la Human Rights Activists News Agency (HRANA), con sede en Estados Unidos, ha documentado 6.713 fallecimientos, en su mayoría manifestantes, y más de 10.000 detenciones desde el inicio de la crisis.
Según las autoridades, las protestas comenzaron siendo pacíficas pero derivaron en disturbios violentos, sobre todo los días 8 y 9 de enero, cuando se intensificó la actuación policial y se registraron detenciones de figuras como Soltani. Teherán acusa a Estados Unidos e Israel de fomentar las protestas y califica la movilización como un intento de “golpe de Estado” promovido desde el exterior.
Organizaciones de derechos humanos, entre ellas Amnistía Internacional, han criticado la opacidad de los procesos judiciales en Irán, denunciando que a Soltani se le negó acceso a un abogado independiente y que su causa fue tramitada con velocidad. A diferencia de las protestas de 2022, el movimiento actual ha congregado tanto a comerciantes tradicionales como a jóvenes trabajadores, impulsados por la crisis económica y por demandas de mayores libertades políticas.
Aunque la presencia masiva en las calles ha disminuido debido a los cortes de internet y a la respuesta estatal, la situación sociopolítica permanece tensa. La liberación de Soltani bajo fianza es un hecho relevante en un contexto en el que miles de personas siguen detenidas, mientras el Gobierno sostiene que la seguridad nacional está en riesgo.
