El Gobierno del Reino Unido anunció este lunes un paquete de sanciones contra diez personas iraníes, entre ellas el ministro del Interior Eskandar Momeni y altos mandos de las fuerzas de seguridad, en respuesta a lo que Londres califica de graves violaciones de derechos humanos durante la represión de las protestas antigubernamentales que comenzaron a fines de diciembre. El Ministerio de Asuntos Exteriores británico indicó que las medidas incluyen congelación de activos, prohibiciones de viaje y la inhabilitación para dirigir empresas.
“Nos comprometimos a imponer sanciones y advertimos a la dictadura iraní de nuevas medidas. Exigiremos cuentas a las autoridades iraníes y esto es lo que estamos haciendo con el paquete de hoy”, dijo la ministra británica de Asuntos Exteriores, Yvette Cooper, en un comunicado, y añadió que el pueblo iraní “ha demostrado un coraje extremo frente a la brutalidad y la represión en las últimas semanas simplemente por ejercer su derecho a la protesta pacífica”.
La lista de sancionados encabeza Momeni, que como ministro del Interior supervisa las Fuerzas de Seguridad del Estado de la República Islámica de Irán (FARAJA), a las que Londres considera principales responsables de la violencia contra manifestantes. También figuran Seyed Majid Feiz Jafari, jefe de la Policía de Seguridad Pública; Mohammad Reza Hashemifar, jefe de Policía de la provincia de Lorestán; y los jueces del Tribunal Revolucionario de Rasht Ahmad Darvish Goftar y Mehdi Rasakhi.
Las sanciones incluyen además a varios miembros de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), entre ellos el comandante Yadollah Bouali y el oficial Mohammad Zamani. El empresario Babak Zanjani, vinculado a la Guardia Revolucionaria, también fue sancionado; Londres lo acusa de generar fondos y facilitar actividades delictivas del organismo, incluidas acciones contra manifestantes. Zanjani fue condenado a muerte en 2016 por malversación de fondos de la petrolera estatal, pena que fue conmutada en 2024.
Las protestas comenzaron el 28 de diciembre de 2025, motivadas inicialmente por el deterioro económico y la depreciación del rial. Se extendieron por todo el país y pasaron a constituir un desafío directo al régimen teocrático. La respuesta oficial fue violenta: según la agencia Human Rights Activists News Agency (HRANA), con sede en Estados Unidos, al menos 6.842 personas han sido confirmadas muertas, en su mayoría manifestantes; HRANA investiga además 11.280 casos adicionales. Otras estimaciones independientes sitúan las víctimas mortales por encima de las 30.000.
El régimen iraní difundió el domingo una cifra oficial de 3.117 fallecidos, de los cuales 2.427 serían civiles y miembros de las fuerzas de seguridad, y calificó al resto como terroristas. Las autoridades de Teherán sostienen que la violencia fue causada por actos terroristas instigados desde Estados Unidos e Israel. Organismos internacionales de derechos humanos, por su parte, han documentado el uso sistemático de armas de fuego, cañones de agua, gas lacrimógeno y palizas contra manifestantes, en su mayoría pacíficos.
El Reino Unido actúa en la misma línea que Estados Unidos y la Unión Europea, que también impusieron sanciones en días recientes. La pasada semana la administración de Estados Unidos sancionó a Momeni, acusándolo de supervisar fuerzas responsables de la muerte de miles de manifestantes. Por su parte, la Unión Europea designó a la Guardia Revolucionaria Islámica como organización terrorista, una medida simbólica de gran alcance que el Reino Unido no ha adoptado hasta ahora.
Con las sanciones anunciadas este lunes, el Reino Unido ha impuesto más de 550 medidas restrictivas contra personas y entidades iraníes implicadas en violaciones de derechos humanos. Las nuevas restricciones buscan responsabilizar a quienes Londres considera directamente involucrados en una de las represiones más letales de la historia reciente de Irán. Cooper subrayó que las imágenes y los informes sobre la violencia vistos en todo el mundo son “horríficos” y justifican una respuesta internacional coordinada.
