El gobierno iraní difundió este viernes su propio recuento de víctimas de las protestas que comenzaron a finales de diciembre, en un intento por fijar su versión sobre una represión que ha provocado críticas internacionales.
El ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araqchi, informó que 3.117 personas murieron durante las manifestaciones, y que entre ellas hay 600 a las que las autoridades califican de “terroristas”, además de civiles y miembros de las fuerzas de seguridad.
Según Araqchi, del total de fallecidos 2.427 corresponden a “civiles y agentes de seguridad”.
“Entre los muertos hay 600 terroristas”, declaró el ministro en un mensaje público, sin especificar los criterios empleados para esa clasificación ni aportar datos independientes que la verifiquen.
Se trata del primer reconocimiento oficial amplio desde el inicio de los enfrentamientos, después de semanas con comunicados fragmentarios y versiones parciales.
El anuncio se produjo pocos días después de que la Fundación de Asuntos Mártires y Veteranos, un organismo estatal que asiste a familiares de fallecidos en conflictos, difundiera un balance con cifras similares.
Para observadores internacionales, que el gobierno haya recurrido a una entidad históricamente vinculada a contextos bélicos para informar sobre víctimas internas pone de relieve la gravedad de la crisis.
Las cifras oficiales contrastan con estimaciones de organizaciones de derechos humanos, que sitúan el número de muertos en hasta 5.000 y denuncian decenas de miles de detenciones. Estos grupos acusan a las fuerzas de seguridad del uso de fuerza letal contra manifestantes y de detenciones masivas sin garantías judiciales.
Araqchi también atribuyó a los disturbios daños extensos en infraestructura pública, señalando que los “ataques terroristas” habrían dejado más de 400 edificios oficiales destruidos o dañados, 750 comisarías, 200 escuelas, 300 ambulancias, 800 vehículos y cerca de 5.000 centros religiosos afectados.
Las protestas se iniciaron a finales de diciembre en el contexto de una profunda crisis económica marcada por el desplome del rial y una inflación persistente que afecta a amplios sectores. Durante varias jornadas las manifestaciones se multiplicaron en Teherán y otras ciudades, con demandas centradas en la situación económica y críticas a la gestión política; la respuesta de las fuerzas de seguridad fue rápida y contundente.
El gobierno iraní ha atribuido la violencia a actores externos y a opositores en el exilio, a quienes acusa de alimentar los disturbios para justificar una posible intervención internacional. Esa narrativa se vio reforzada tras advertencias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la posibilidad de nuevos ataques si continuaba la represión.
Mientras tanto, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó una resolución que “deplora profundamente” la situación en Irán y reclama el cese de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas contra manifestantes pacíficos.
El texto exhorta además a garantizar juicios ante tribunales “competentes, independientes e imparciales” y a evitar la imposición de la pena de muerte por delitos que no constituyan los más graves.
“Hago un llamamiento a las autoridades iraníes para que recapaciten y pongan fin a su brutal represión”, declaró el Alto Comisionado Volker Turk durante la reunión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra.
(Con información de Europa Press y EFE)
