La represión de las autoridades iraníes tras las protestas ha implicado detenciones masivas, confiscación de bienes y acciones concretas contra profesionales que ayudaron a manifestantes heridos. Organizaciones de derechos humanos estiman que hasta 40.000 personas han sido detenidas desde el inicio de las protestas, muchas acusadas de “alborotadores” o “terroristas”. Varios detenidos han aparecido en confesiones televisadas que dichas organizaciones consideran probablemente forzadas.
Médicos y personal sanitario que atendieron a manifestantes han sido arrestados, en algunos casos en sus domicilios, y varios permanecen desaparecidos. Tres médicos contactados en Irán por The New York Times, que pidieron anonimato por temor a represalias, informaron de la detención de al menos 11 colegas en la última semana; dos de ellos dijeron que funcionarios los convocaron repetidamente para identificar a quienes asistieron a heridos.
También han sido objeto de la campaña represiva empresarios conocidos. Mohammed Saedinia, propietario de una popular cadena de cafeterías, fue detenido junto a su hijo y un gerente tras cerrar sus locales en apoyo a las protestas; las autoridades sellaron los establecimientos y anunciaron que permanecerán cerrados durante dos meses. Un portavoz del poder judicial, Ashgar Jahangir, confirmó la detención y advirtió que los bienes de Saedinia podrían usarse para reparar daños causados en los disturbios.
Las medidas incluyen la identificación y posible confiscación de activos de figuras públicas, como deportistas y actores, así como de quienes firmaron declaraciones en respaldo a los manifestantes. El fiscal general, Mohammad Movahedi-Azad, ordenó acciones destinadas a “dar una lección” a lo que calificó de “terroristas y sus simpatizantes”.
La censura se ha extendido a medios reformistas. El diario Ham Mihan, uno de los pocos que informaba sobre la magnitud de las protestas y las víctimas, fue clausurado el 19 de enero. Su editor, Mohammed Javad Rouh, señaló que es el primer medio cerrado desde 2016 y que aún no tiene fecha de audiencia judicial.
Las familias de las personas fallecidas durante la represión sufren vigilancia y restricciones. Un ciudadano identificado como Abbas relató que él y sus familiares tuvieron que firmar compromisos de silencio y acatar la prohibición de llorar o mantener las puertas abiertas durante los funerales de tres parientes muertos en las protestas.
A pesar de la represión, persisten actos de resistencia. Diecisiete líderes de la sociedad civil, cineastas y activistas publicaron una declaración responsabilizando al líder supremo por lo que calificaron de “crimen de Estado organizado contra la humanidad”; varios firmantes, entre ellos el guionista Mehdi Mahmoudian, fueron detenidos posteriormente.
Paralelamente, estudiantes de 31 facultades de medicina, enfermería y odontología realizaron boicots y sentadas exigiendo justicia por las muertes y detenciones de compañeros. Ante la prohibición del luto, algunas familias transformaron funerales en celebraciones con música y canciones tradicionales como forma simbólica de resistencia.
El régimen iraní ha reconocido oficialmente cerca de 3.000 muertes durante la represión, aunque organizaciones consideran que la cifra real es mucho mayor. Activistas describen la represión sistemática y su alcance como una forma de “castigo colectivo” destinada a disuadir futuras protestas y a marcar a toda una generación.
