La Fiscalía de Santa Fe imputó formalmente este jueves a un subcomisario de 43 años por su presunta participación en una maniobra de cobro de coimas descubierta a fines de abril, por la que ya habían sido detenidos otros dos oficiales de alto rango.
Según la acusación, el personal policial exigió el pago de 1 millón de pesos a un ciudadano para devolverle una motocicleta retenida. En la audiencia celebrada en los tribunales provinciales, el fiscal Ezequiel Hernández atribuyó a los imputados el delito de exacciones ilegales agravadas dentro de la Comisaría 8a de la ciudad de Santa Fe, señalando que el recientemente acusado actuó junto a sus subordinados, abusando de su función y presionando a la víctima.
La investigación se inició a raíz de la denuncia de un hombre ante la Unidad Especial de Asuntos Internos, quien relató que un inspector de 37 años y un suboficial de 49 le pidieron la suma mencionada para recuperar su vehículo, secuestrado en Sauce Viejo. Según la denuncia, los agentes lo amenazaron con involucrarlo en una “falsa denuncia” y con la posibilidad de hasta quince años de prisión si no entregaba el dinero. El denunciante denunció la extorsión ante las autoridades y posibilitó la intervención del Ministerio Público de la Acusación.
Para avanzar, el fiscal dispuso un operativo encubierto en el que la víctima ingresó a la comisaría con billetes previamente marcados mientras personal encubierto esperaba afuera. Tras la entrega del dinero, efectivos de Asuntos Internos realizaron un ingreso a la departamental y hallaron el dinero en poder de los dos acusados, que fueron detenidos e imputados por exacciones ilegales agravadas.
La fiscalía mantuvo la hipótesis de que podía haber más implicados y, con las declaraciones y pruebas recolectadas, se determinó la participación del subcomisario imputado, quien se desempeñaba como subjefe en la dependencia y habría actuado en coordinación con los ya procesados. Los investigadores sostienen que la extorsión se organizó y ejecutó bajo supervisión de la jerarquía superior.
Las actuaciones siguen abiertas: se revisan las pruebas y se busca a posibles nuevos involucrados. El MPA señaló que la instrucción continúa en curso y que serán evaluadas todas las evidencias recabadas, incluyendo los billetes marcados y las grabaciones y registros de la comisaría.
El caso de las coimas que involucra a Policías de la Ciudad
El juez Gustavo Hornos, titular de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, resolvió que la investigación contra tres comisarios de la Policía de la Ciudad acusados de pedir coimas a casas de cambio siga en la órbita de la Justicia Federal, rechazando así el planteo de las defensas para que el expediente permaneciera en el fuero penal de la Ciudad de Buenos Aires.
La causa se originó con una denuncia de miembros de Gendarmería Nacional, que explicaron que los policías ofrecían pagos mensuales en dólares a cambio de información reservada sobre investigaciones en curso contra agencias financieras no habilitadas. Según el expediente, los imputados ofrecían entre 500 y 1.000 dólares mensuales y pagos adicionales de hasta 5.000 dólares por adelantar datos sobre operativos, con la finalidad de proteger a responsables de casas de cambio en el centro porteño.
El proceso se inició en el fuero Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad, pero, tras analizar la competencia, fue remitido al fuero federal. La Cámara Federal de Casación Penal confirmó ese criterio y rechazó el recurso presentado por las defensas de Andrea Elizabeth Tejedor y Marco Antonio Barbosa, señalando que no corresponde la intervención de la Casación en los términos invocados por la defensa.
La investigación cuenta con la intervención de un agente revelador y grabaciones que comprometen a los tres comisarios, entre ellos el jefe de la División Fraudes Bancarios, un subcomisario y un inspector. Los imputados permanecen en situación pasiva mientras se desarrolla un sumario administrativo.
