Las universidades nacionales iniciaran manana una huelga de 72 horas convocada por los gremios docentes de todo el pais. Reclaman la aplicacion inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario, recientemente sancionada por el Congreso, y una recomposicion salarial; la medida suspendera la actividad academica y administrativa ante la falta de respuesta del Poder Ejecutivo.
La ley se aprobo luego de un largo debate durante el ano; su sancion incluyo el veto presidencial de Javier Milei que fue posteriormente revertido por el Congreso, que impuso la norma pese a la oposicion del Ejecutivo.
El paro fue anunciado el fin de semana por Conadu y Conadu Historica. Segun los sindicatos, la vigencia de la ley es fundamental para evitar el deterioro de las condiciones laborales y garantizar la continuidad del sistema publico de educacion superior. Mientras tanto, las clases y las investigaciones quedaran suspendidas, y los gremios preparan una consulta nacional para decidir eventuales medidas adicionales.
Desde la sancion de la ley y ante la inaccion del Gobierno, la tension entre las organizaciones sindicales y la administracion de Milei se profundizo. La Federacion Universitaria Argentina (FUA) senalo que la falta de actualizacion salarial y los retrasos en las transferencias presupuestarias ya afectan el funcionamiento cotidiano de las universidades y generan incertidumbre sobre el inicio del ciclo lectivo 2026.
Pilar Barbas, secretaria de la FUA, afirmo que el conflicto salarial sigue sin resolverse y critico la postura del Presidente por no cumplir con la ley. Barbas considero inaceptable la excusa de la falta de fondos, acusando al Gobierno de desfinanciar las universidades y priorizar pagos de deuda, y advirtio que las politicas de ajuste perjudican tambien a hospitales y derechos laborales.
Ileana Celoto, de la Asociacion Gremial Docente de la UBA (AGD-UBA), dijo que la huelga busca detener el vaciamiento de la educacion publica. Afirmo que postergar la plena aplicacion de la Ley de Financiamiento es “anticonstitucional” y que la deuda acumulada con los docentes equivale al 44% de sus salarios, por lo que exigio la ejecucion inmediata de lo establecido por la norma.
A fines de octubre el Poder Ejecutivo promulgo la ley de financiamiento universitario y una norma de emergencia pediatrica, pero suspendio su ejecucion hasta que el Congreso determine las fuentes de financiamiento. Segun la resolucion oficial, toda ley que disponga gastos debe prever expresamente su financiamiento; de lo contrario, su ejecucion quedara suspendida hasta que se incluyan las partidas en el presupuesto nacional.
La respuesta sindical incluye ademas una consulta nacional impulsada por la Federacion Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), que abarca docentes, investigadores, personal de apoyo academico y estudiantes. La federacion explico que la consulta tiene por objetivo fortalecer el plan de lucha por mejoras salariales y mayor financiamiento y definir colectivamente las proximas acciones, incluido el dictado de nuevas medidas de fuerza si no hay negociaciones paritarias.
La consulta, que contempla asambleas de base y foros locales en todas las universidades nacionales, recibio el respaldo publico de Ricardo Petraglia, secretario general de ADUNA. Petraglia senalo que la proxima semana se celebraran asambleas de afiliados para evaluar alternativas del plan de lucha y coordinar las metodologias de los distintos sindicatos para tomar decisiones conjuntas y unificadas.
