Alí Shaath, economista palestino y director de la Comisión Nacional para la Administración de Gaza (CNAG), anunció el jueves en la reunión inaugural de la Junta de Paz en Washington el despliegue de una fuerza policial palestina de 5.000 agentes en un plazo de 60 días.
El anuncio forma parte de la segunda fase del plan de 20 puntos impulsado por el presidente Donald Trump para Gaza, que pretende transferir el control del enclave desde Hamas hacia una estructura de gobernanza internacional supervisada desde Washington.
Shaath, ex viceministro de la Autoridad Palestina, admitió que la CNAG opera en condiciones extremadamente difíciles. Gran parte de la Franja de Gaza quedó gravemente dañada tras dos años de guerra que, según organismos palestinos y confirmación israelí, causaron al menos 70.000 muertos palestinos.
La nueva fuerza policial aborda la primera de cuatro prioridades definidas por la comisión tecnócrata: restaurar la seguridad bajo una sola autoridad, una única ley y un control exclusivo de las armas. Las demás prioridades son reactivar la economía, garantizar una ayuda humanitaria sostenible y restablecer servicios básicos como electricidad, agua, salud y educación.
El director de la Junta de Paz, el diplomático búlgaro Nikolai Mladenov, informó que unas 2.000 personas han solicitado unirse a la fuerza de transición, que será entrenada en Egipto y operará bajo la autoridad civil de la CNAG. Mladenov condicionó su avance al desmantelamiento de todas las facciones armadas en Gaza y al control de las armas por una única autoridad civil, y afirmó que para ello es imprescindible la implementación completa del plan de 20 puntos.
La Junta de Paz, presentada por Trump como una alternativa a Naciones Unidas, celebró su primera reunión con la participación de casi 50 países, superando los 27 miembros fundadores. No obstante, la ausencia de potencias europeas occidentales y el rechazo del Vaticano, México y varios países latinoamericanos evidencian divisiones en el respaldo internacional al mecanismo impulsado por Estados Unidos.
La junta está dirigida por una estructura ejecutiva que incluye al secretario de Estado Marco Rubio, el asesor Jared Kushner, el exprimer ministro británico Tony Blair y el enviado especial Steve Witkoff, entre otros.
El plan de 20 puntos, presentado en septiembre de 2025 por Trump junto al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, condiciona un alto el fuego al desarme total de Hamas, a la liberación de rehenes israelíes y a la creación de una zona libre de terrorismo en Gaza.
El documento prevé la formación de un gobierno de transición bajo supervisión internacional, un programa masivo de reconstrucción y, en una etapa posterior, la posibilidad de avanzar hacia un Estado palestino, una opción que Netanyahu ha rechazado categóricamente.
El principal obstáculo para aplicar el plan es el desarme de Hamas, que controla Gaza de facto desde 2007. Israel fijó un plazo de 60 días para que el grupo entregue todas sus armas, incluidas las ligeras como fusiles AK-47. El Departamento de Estado de EE. UU. reconoció que la desmilitarización es el desafío central del proceso.
Sin embargo, Khaled Meshaal, alto dirigente de Hamas, rechazó el desarme total y propuso únicamente congelar las armas, argumentando que desarmarse sería despojar al pueblo palestino de su identidad y su capacidad de defensa.
La situación se complica por continuas violaciones del alto el fuego. El ejército israelí controla más del 50% del territorio de Gaza y mantiene su objetivo de desmilitarización total. El ministerio de Salud de Gaza, administrado por Hamas, reportó al menos 601 palestinos muertos por acciones israelíes desde el inicio de la tregua en octubre de 2025.
Mladenov advirtió que enviar al comité tecnócrata mientras persistan los enfrentamientos podría condenar su labor a la ineficacia. Por ello anunció la creación de una Oficina del Alto Representante para Gaza, que él lideraría provisionalmente, con el fin de eliminar los obstáculos que enfrentará la CNAG para asumir el control civil y administrativo del enclave.
Trump anunció una contribución de 10.000 millones de dólares por parte de Estados Unidos para la reconstrucción de Gaza, y nueve países árabes comprometieron otros 7.000 millones. Indonesia, Marruecos, Albania, Kosovo y Kazajistán ofrecieron tropas para la Fuerza Internacional de Estabilización prevista en el plan, aunque no se han formalizado compromisos definitivos sobre efectivos ni sobre el alcance de su mandato.
El modelo propuesto remite a experiencias de administración internacional en Timor Oriental, Kosovo, Bosnia e Irak. La ausencia de representación palestina en la junta ejecutiva internacional y la imposición de estructuras de gobernanza de carácter vertical han generado escepticismo sobre la viabilidad del proyecto, dado que la historia muestra que diseños excesivamente verticales con limitada legitimidad local suelen producir estabilidad frágil.
La CNAG, integrada por 15 tecnócratas palestinos, no tiene una función política y se limitará a la gestión logística y administrativa civil.
