El ex presidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, pidió disculpas el viernes por las “dificultades” ocasionadas por su declaración de la ley marcial en 2024, un día después de que se le impusiera una condena de cadena perpetua.
En un comunicado difundido por su abogado, Yoon afirmó estar profundamente apenado por la frustración y los problemas causados a la ciudadanía, atribuyéndolos a sus propias limitaciones a pesar de su intención de proteger al país.
También sostuvo que su decisión de declarar la ley marcial fue tomada únicamente por el bien de la nación y del pueblo, y que no cambiaba la sinceridad de sus motivos.
Respecto a una posible apelación, expresó dudas sobre la eficacia de un recurso en un contexto en el que, según él, no se puede garantizar la independencia judicial y resulta difícil confiar en juicios basados solo en la ley y la conciencia; dijo sentirse indiferente ante lo que consideró una conclusión predeterminada y una persecución política en su contra.
Yoon pidió a sus seguidores que eviten contribuir a la “erosión de la democracia” y se concentren en la vida cotidiana de la población. Añadió que se tomará un tiempo para recuperarse y asumirá la responsabilidad, confiando en que los ciudadanos restaurarán la justicia bajo los principios de la democracia liberal.
La sentencia de cadena perpetua se dictó por la breve imposición de la ley marcial a finales de 2024, calificada por la Justicia como un acto de insurrección tras el despliegue de tropas en la Asamblea Nacional con el propósito de interferir en su funcionamiento.
El fallo se pronunció en la misma sala del Tribunal de Distrito de Seúl donde, en 1996, el ex presidente Chun Doo-hwan fue condenado por su papel en el golpe de Estado de 1979 y la represión de Gwangju en 1980.
La fiscalía especial había pedido la pena de muerte, pero el tribunal consideró atenuantes como el uso limitado de la fuerza, la falta de coordinación del plan, sus décadas de servicio público y su edad (65 años). Corea del Sur mantiene una moratoria sobre la pena capital desde 1997.
El 3 de diciembre de 2024, Yoon declaró la ley marcial de forma sorpresiva, argumentando que existía una amenaza de “fuerzas antinacionales pro-Pyongyang” dentro de la oposición y que la Asamblea nacional estaba saboteando al Estado mediante recortes presupuestarios y la destitución de funcionarios clave.
La medida fue rechazada por la oposición y por sectores de su propio partido, que la interpretaron como un intento desesperado por aferrarse al poder. En menos de seis horas la Asamblea revocó la declaración, a pesar de la oposición del Ejército.
El Parlamento aprobó la destitución de Yoon el 14 de diciembre de ese año. Un mes después, tras un operativo de seguridad en la residencia presidencial donde se había atrincherado, fue arrestado, convirtiéndose en el primer presidente surcoreano —suspendido entonces— en enfrentar un juicio penal mientras ejercía el cargo.
En marzo de 2025 fue puesto en libertad por irregularidades formales en su detención, pero volvió a prisión en julio, donde aguardó el juicio y la sentencia final. Yoon mantuvo hasta el final su negativa a haber cometido irregularidades.
