El ex presidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, ofreció disculpas el viernes por las “dificultades” causadas por su declaración de ley marcial en 2024, un día después de que se le impusiera la pena de cadena perpetua.
“Pido disculpas profundamente a la gente por la frustración y las dificultades que les he causado, debido a mis propias deficiencias, a pesar de mi determinación de salvar a la nación”, dijo Yoon en una declaración difundida por su abogado.
En el comunicado, Yoon afirmó que su decisión de declarar la ley marcial se tomó únicamente por el bien del país y de la población, y sostuvo que esa intención no había cambiado.
Respecto a una posible apelación, el exmandatario señaló su escepticismo sobre la independencia del poder judicial y expresó dudas sobre la eficacia de recurrir legalmente en un contexto que, según él, está marcado por la politización y la falta de garantías.
Yoon pidió a sus seguidores que no permitan “socavar la democracia” y que se concentren “en la vida de la gente”. Añadió que se tomaría un tiempo para recomponerse, asumiría la responsabilidad y confió en que los ciudadanos restablecerían la justicia bajo la bandera de la democracia liberal.
El jueves, Yoon fue condenado a cadena perpetua por la breve imposición de la ley marcial a finales de 2024, una medida que la Justicia calificó como insurrección tras el despliegue de tropas en la Asamblea Nacional con el objetivo de obstaculizar su funcionamiento.
El fallo se dictó en la misma sala del Tribunal de Distrito de Seúl donde, en 1996, el ex presidente Chun Doo-hwan había recibido la pena de muerte por su papel en el golpe de Estado de 1979 y la represión de Gwangju en 1980.
La fiscalía especial había pedido la pena capital para Yoon, pero el tribunal consideró atenuantes como el uso limitado de la fuerza, la desorganización del plan, sus décadas de servicio público y su edad —65 años—. Corea del Sur mantiene una moratoria sobre la pena de muerte desde 1997.
El 3 de diciembre de 2024, Yoon declaró la ley marcial de forma inesperada, justificándola como respuesta a una supuesta amenaza de “fuerzas antinacionales pro-Pyongyang” dentro de la oposición. Afirmó que la Asamblea Nacional estaba saboteando al Estado, recortando presupuestos clave y destituyendo a funcionarios esenciales.
Tanto la oposición como sectores de su propio partido rechazaron la medida, considerándola un intento por permanecer en el poder. En apenas seis horas, la Asamblea revocó la declaración, pese a la oposición del Ejército.
El Parlamento aprobó la destitución de Yoon el 14 de diciembre de ese año. Un mes después, tras un operativo de seguridad en la residencia presidencial donde se había atrincherado, fue arrestado, convirtiéndose en el primer presidente surcoreano —aunque suspendido— en enfrentar un juicio penal mientras ejercía.
En marzo de 2025 fue liberado por irregularidades formales en su detención, pero volvió a prisión en julio, donde esperó el juicio y el veredicto final. El exmandatario negó hasta el final haber incurrido en ninguna irregularidad.
