Amnistía Internacional pidió a la comunidad internacional que ejerza presión diplomática sobre las autoridades iraníes para detener los procesos judiciales y las penas de muerte contra al menos 30 personas, entre ellas menores, acusadas de participar en las protestas de enero de 2026.
Entre los condenados figuran ocho individuos que recibieron la pena capital semanas después de su detención, en juicios que, según la organización, carecieron de garantías procesales y se basaron en confesiones obtenidas bajo coacción.
Entre los sentenciados está Saleh Mohammadi, de 18 años, arrestado el 15 de enero de 2026 en relación con la muerte de un agente de seguridad durante las protestas en Qom el 8 de enero.
Amnistía Internacional examinó la sentencia y verificó que Mohammadi se retractó en audiencia de sus declaraciones, alegando que habían sido obtenidas bajo tortura.
A pesar de esa retractación, el tribunal no investigó las denuncias y ratificó la condena. También figuran en la lista Mohammad Amin Biglari, de 19 años, y otros seis jóvenes sentenciados por “enemistad contra Dios” tras ser acusados de incendiar una base de la milicia Basij.
Las sentencias se dictaron aproximadamente un mes después de las detenciones. Fuentes informadas señalaron que Biglari estuvo desaparecido durante varias semanas, fue trasladado a la prisión de Ghezel Hesar y careció de defensa durante la fase de investigación.
Posteriormente se le asignó un abogado de oficio que, según las fuentes, no protegió sus intereses; la familia no pudo contratar a un abogado independiente para presentar una apelación efectiva.
Otros casos llaman la atención por la rapidez de los juicios y la edad de los acusados: Ehsan Hosseinipour Hesarloo, de 18 años, y los adolescentes Matin Mohammadi y Erfan Amiri, ambos de 17, están procesados por su presunta implicación en un incendio en una mezquita de Pakdasht que causó la muerte de dos miembros de la Basij.
Amnistía Internacional recogió testimonios que indican que los adolescentes fueron detenidos antes del incidente y sometidos a agresiones físicas para forzar confesiones.
El juez no reconoció a los abogados designados por la familia de Hosseinipour Hesarloo, los amenazó y nombró a un defensor de oficio que, según los informes, tampoco garantizó una defensa efectiva.
Los dos menores de 17 años permanecen en un centro de detención para adolescentes y están siendo procesados a pesar de la prohibición internacional de aplicar la pena de muerte a quienes eran menores de 18 años en el momento del presunto delito.
La organización advirtió que la cifra de personas en riesgo de ejecución podría ser mayor, ya que las autoridades intimidan a las familias para impedir que informen sobre la situación de los detenidos.
Los procesos judiciales se describen por la incomunicación, la tortura y las desapariciones forzadas utilizadas para obtener confesiones, así como por la negativa a reconocer a abogados independientes designados por los familiares.
(Con información de Europa Press y Amnistía Internacional)
