Un pago único de USD 10,000, registrado en una declaración jurada federal y divulgado por Diario Libre, permitió revelar una presunta red de corrupción vinculada a Melitón Cordero, exjefe de la DEA acreditado en la Embajada de Estados Unidos en República Dominicana. La investigación se centró en esa transacción, que combinó una transferencia electrónica y efectivo, a cambio de una visa de no inmigrante obtenida de forma fraudulenta.
Según el informe de Diario Libre y las autoridades federales estadounidenses, la suma se desglosa en USD 3,000 transferidos por una remesadora local al llamado “Individuo A”, identificado como promotor de talentos y supuesto intermediario, y USD 7,000 entregados personalmente a Cordero durante un encuentro que fue vigilado y grabado por agentes encubiertos en el estacionamiento de un supermercado de la capital.
La declaración jurada, firmada por el agente especial del FBI Robert Tansey, señala que el esquema utilizaba certificaciones falsas y referencias manipuladas para acelerar trámites consulares. El objetivo era obtener citas de prioridad máxima y evitar la espera de hasta 18 meses y el escrutinio habitual del Departamento de Estado.
La querella presentada el 12 de febrero de 2026 se basa en una investigación de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) dirigida por Tansey. La pesquisa determinó que entre marzo de 2022 y febrero de 2026 Cordero presentó 74 solicitudes o referencias y autorizó otras 45, un total cercano a 119 gestiones en menos de cuatro años, un volumen que el personal consular calificó como “extraordinariamente alto” en comparación con otros funcionarios acreditados.
El operativo encubierto verificó el esquema de cobros y falsificación de referencias
La operación encubierta se inició a raíz de la denuncia de un exempleado consular que se convirtió en informante tras detectar demoras inusuales en las citas y recibir ofertas para acelerar el trámite. Las conversaciones recogidas por los investigadores documentaron el uso de identidades falsas, mensajes cifrados y una red de intermediarios que facilitaban el acceso a funcionarios corruptos, evidenciando vulnerabilidades en los sistemas consulares y el beneficio económico derivado del presunto fraude.
En la investigación participaron activamente dos fuentes encubiertas, identificadas como FDI-1 y FDI-2, siendo FDI-2 la persona que actuó como solicitante. En enero de 2026, siguiendo instrucciones de los implicados, FDI-2 transfirió USD 3,047.62 mediante una remesadora con los datos proporcionados por el Individuo A.
Los agentes documentaron comunicaciones por WhatsApp en las que el Individuo A enviaba fotos del pasaporte del solicitante a una cuenta etiquetada como “Milito Clara”. Cordero, desde su teléfono oficial, reenvió esas imágenes al personal consular solicitando verificaciones rápidas del estatus migratorio.
El 13 de enero de 2026, Cordero remitió al correo consular un formulario DS-5533 (referencia) firmado por él y otro agente de la DEA, alegando en la declaración que trabajaban quincenalmente con el solicitante en asuntos relacionados con la lucha antidrogas y el lavado de activos. FDI-2, sin embargo, declaró bajo juramento que nunca tuvo contacto con Cordero ni con la DEA fuera de la operación controlada por las autoridades.
Las pruebas incluyeron identificaciones fotográficas y confesión jurada del solicitante
La evidencia recopilada incluyó dos series fotográficas para identificación. FDI-2 reconoció a Cordero como la persona que recibió el dinero y entregó el pasaporte la noche del 27 de enero, a partir de imágenes recientes del pasaporte estadounidense del solicitante.
En una declaración jurada fechada el 3 de febrero de 2026, FDI-2 reiteró que no había tenido funciones informativas con la DEA ni contacto previo con Cordero, y que su única interacción fue la entrega del dinero gestionada por las fuerzas del orden y la recepción del pasaporte con la visa aprobada.
La investigación, que continúa abierta, ha generado preocupación en ámbitos diplomáticos y de seguridad al poner en duda la integridad de los controles migratorios y la confianza en la misión de Estados Unidos en República Dominicana.
