Un pago único de USD 10,000, documentado en una declaración jurada federal y divulgado por Diario Libre, permitió descubrir una presunta red de corrupción vinculada a Melitón Cordero, exjefe de la DEA destacado en la Embajada de Estados Unidos en la República Dominicana. La investigación se centró en esa transacción, realizada en parte por transferencia electrónica y en parte en efectivo, y presuntamente vinculada a la obtención fraudulenta de una visa de no inmigrante.
Según las autoridades estadounidenses citadas por la publicación, el monto se desglosa en USD 3,000 transferidos por una remesadora local al llamado “Individuo A”, identificado como promotor de talentos y posible intermediario, y USD 7,000 entregados en efectivo a Melitón Cordero durante un encuentro que fue vigilado y grabado por agentes encubiertos en el estacionamiento de un supermercado en la capital.
La declaración jurada, firmada por el agente especial del FBI Robert Tansey, indica que la operación implicaba certificaciones falsas y referencias manipuladas para acelerar trámites. Se ofrecía a los clientes lo que se describía internamente como una “cita consular de prioridad máxima”, con el propósito de evitar esperas de hasta 18 meses y el escrutinio normal del Departamento de Estado.
La denuncia presentada el 12 de febrero de 2026 se apoya en una investigación de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) dirigida por Tansey. El expediente señala que entre marzo de 2022 y febrero de 2026 Cordero presentó 74 solicitudes o referencias y aprobó otras 45, un total cercano a 119 gestiones en menos de cuatro años que el personal consular calificó como “extraordinariamente alto” comparado con otros funcionarios asignados a la embajada.
Operativo encubierto y verificación del esquema de cobros y referencias falsas
La operación encubierta se inició a raíz de la denuncia de un exfuncionario consular que actuó como informante tras notar demoras atípicas en las citas y recibir la oferta de alguien que decía poder acelerar el proceso. Las conversaciones grabadas por los investigadores documentaron el uso de identidades falsas, comunicaciones cifradas y una red de intermediarios que facilitaban el acceso a funcionarios supuestamente corruptos, evidenciando vulnerabilidades en los sistemas consulares y el beneficio económico derivado del presunto fraude.
La secuencia investigativa incluyó la participación de dos fuentes confidenciales identificadas como FDI-1 y FDI-2, esta última en el rol de solicitante. En enero de 2026, siguiendo instrucciones de los implicados, FDI-2 efectuó una transferencia bancaria de USD 3,047.62 a través de una remesadora con los datos proporcionados por el Individuo A.
Los agentes documentaron comunicaciones por WhatsApp en las que el Individuo A enviaba fotografías del pasaporte del solicitante a una persona referida como “Milito Clara”. Cordero, desde su teléfono oficial, reenvió esas imágenes al personal consular solicitando verificaciones rápidas del estatus migratorio.
El 13 de enero de 2026, Cordero remitió al correo consular de la embajada un formulario DS-5533 (Referencia) firmado por él y por otro agente de la DEA. En el texto de la referencia afirmó que “trabajamos de manera quincenal con el solicitante en tareas vinculadas a la lucha antidrogas y contra el lavado de dinero que afectan directamente a Estados Unidos”. No obstante, FDI-2 declaró bajo juramento que nunca había tenido contacto previo con Cordero ni con la DEA fuera de la operación de las autoridades.
El 27 de enero de 2026, bajo vigilancia policial y con dispositivos de grabación ocultos, FDI-2 entregó en mano a Cordero USD 7,000 en el estacionamiento de un supermercado en Santo Domingo. El agente, que circulaba en un Toyota Prado negro, entregó al solicitante el pasaporte con la visa aprobada. Las imágenes de vigilancia de la embajada confirmaron que Cordero había salido en ese vehículo oficial antes del encuentro.
Pruebas fotográficas y declaración jurada del solicitante
El proceso de identificación incluyó la elaboración de dos series fotográficas. FDI-2 reconoció a Cordero como la persona que recibió el dinero y entregó el pasaporte la noche del 27 de enero, utilizando fotografías recientes contenidas en su pasaporte estadounidense.
En una declaración jurada fechada el 3 de febrero de 2026, FDI-2 ratificó que nunca mantuvo actividades informativas con la DEA ni contacto previo con Cordero, y que su única interacción consistió en la entrega del dinero coordinada por las fuerzas del orden y la recepción del pasaporte con la visa.
La investigación, que continúa abierta, ha generado preocupación en ámbitos diplomáticos y de seguridad por las implicaciones sobre la integridad de los controles migratorios y la confianza en la misión de Estados Unidos en la República Dominicana.
