La ley de libertad educativa volvió a poner en el centro del debate una cuestión que la Argentina viene postergando desde hace décadas: no se trata tanto de qué contenidos enseñar, sino de qué reglas organizan el sistema educativo y qué resultados generan. Hoy el financiamiento es público, pero la asignación efectiva de recursos queda, en la práctica, condicionada por la oferta estatal. Las familias aportan mediante impuestos a un servicio cuya elección real muchas veces está limitada. Cuando la escuela asignada no cumple expectativas, la alternativa suele ser pagar otra educación o resignarse. No es una cuestión ideológica, sino una cuestión de reglas.
Las investigaciones y análisis previos indican que el estancamiento educativo no se explica solo por falta de recursos o errores administrativos; el núcleo del problema está en la arquitectura institucional. Un sistema que no pierde alumnos cuando fracasa carece de incentivos estructurales para mejorar. No es solo buena o mala voluntad: es el comportamiento de las organizaciones frente a reglas que no generan rendición de cuentas. La ley de libertad educativa propone modificar esa arquitectura sin eliminar el financiamiento público ni desproteger a los sectores vulnerables: busca que los recursos sigan a las familias en lugar de quedar atados exclusivamente a las estructuras administrativas. La magnitud del cambio dependerá de su reglamentación y aplicación.
La educación es, ante todo, una política de formación de capital humano, y su deterioro sostenido no puede entenderse al margen del diseño institucional que la sostiene. Los sistemas cerrados, impermeables a evaluaciones reales y sin competencia efectiva, tienden a reproducir sus fallas. Para cambiar los resultados es necesario cambiar las reglas. Las evaluaciones nacionales e internacionales muestran un deterioro persistente durante más de una década; insistir en el mismo diseño cuando los resultados no mejoran deja de ser cautela y se convierte en negación. La uniformidad impuesta rara vez garantiza la calidad: la homogeneidad burocrática no corrige desigualdades y, en muchos casos, las consolida. El temor a la desigualdad no invalida la crítica: el sistema actual ya es desigual, porque quienes pueden elegir lo hacen y quienes no, quedan cautivos. Ampliar la posibilidad de elección no es necesariamente crear brechas; puede contribuir a reducirlas.
La ley de libertad educativa no resolverá por sí sola todos los problemas del sistema, pero obliga a discutir algo que durante demasiado tiempo se evitó: si las reglas vigentes son compatibles con los resultados que se buscan. Persistir en un diseño que ha mostrado signos claros de agotamiento no es prudencia sino inercia, y en educación esa inercia se traduce en oportunidades perdidas. La discusión debería centrarse en si el sistema actual cumple su finalidad: cuando los resultados son persistentemente insatisfactorios, la responsabilidad es institucional, no retórica.
