El Gobierno de Bolivia presentó ante la comunidad internacional su política antidrogas en la 69a Comisión de Estupefacientes de la ONU, que se celebra en Viena, Austria. La propuesta fue elaborada por el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, y plantea reforzar la cooperación internacional y aplicar un enfoque integral para enfrentar el narcotráfico.
La estrategia se organiza en cinco ejes: fortalecimiento institucional y cooperación internacional; control responsable de los cultivos de hoja de coca mediante monitoreo y trazabilidad; planificación estratégica y uso de tecnología para mejorar la interdicción; prevención y tratamiento del consumo desde una perspectiva de salud pública; y combate a las finanzas del narcotráfico.
Oviedo señaló que estas medidas buscan responder a un fenómeno que presenta nuevas dinámicas y se vincula con otras economías ilícitas, por lo que ya no puede abordarse únicamente desde lo nacional. “Hoy enfrentamos una realidad compleja que conecta seguridad, salud pública, desarrollo sostenible, estabilidad financiera y gobernanza institucional”, afirmó ante el organismo internacional.
El ministro advirtió que las organizaciones criminales han evolucionado hacia estructuras más sofisticadas, con una lógica empresarial, y se articulan con diversos delitos transnacionales, entre ellos el lavado de activos, el tráfico de armas, la trata de personas, los delitos ambientales y el contrabando.
En ese marco, alertó sobre la expansión de las drogas sintéticas y la proliferación de precursores químicos, problemas que se aprovechan de cadenas globales de suministro y representan desafíos urgentes para la comunidad internacional.
Oviedo sostuvo que enfrentar el narcotráfico requiere respuestas coordinadas entre Estados. “Enfrentamos economías criminales convergentes que requieren respuestas igualmente integrales”, señaló, y subrayó la necesidad de fortalecer la cooperación multilateral y el sistema internacional de fiscalización de drogas.
La delegación boliviana participa en la Comisión de Estupefacientes —el principal órgano de decisión sobre políticas de drogas a nivel mundial— para exponer su enfoque y promover acciones conjuntas contra el crimen organizado transnacional.
Bolivia es, junto con Colombia y Perú, uno de los tres países productores de hoja de coca en el mundo. Parte de esa producción se destina al consumo tradicional y legal, reconocido por la legislación boliviana, mientras que otra parte se desvía hacia la producción de cocaína, lo que inserta al país en las dinámicas regionales del narcotráfico.
Según datos de Naciones Unidas, Bolivia cuenta con 31.000 hectáreas de coca, de las cuales 22.000 están reconocidas como legales. No existen cifras oficiales sobre la producción de cocaína; el zar antidrogas Ernesto Justiniano estimó en una entrevista con AFP que la fabricación anual ronda actualmente las 300 toneladas.
Además, Bolivia es considerada una ruta de tránsito para drogas producidas en otros países sudamericanos con destino a mercados en Europa y, en menor medida, en Norteamérica.
El nuevo gobierno de Rodrigo Paz ha abogado por reforzar la cooperación internacional y ha respaldado el regreso de la Agencia para el Control de Drogas (DEA) al país, tras casi 20 años sin presencia formal luego de la ruptura de relaciones diplomáticas con Estados Unidos en 2008, motivada por acusaciones de injerencia política.
