El proyecto de ley N.388, que propone que bancos y otras entidades financieras en Panamá reconozcan administrativamente —sin necesidad de una declaración judicial— la prescripción de deudas de sus clientes, ha sido rechazado por el sector bancario.
La Asociación Bancaria de Panamá, que agrupa a 39 bancos de licencia general y 12 con licencia internacional, señaló en un comunicado que, además de plantear dudas sobre su constitucionalidad, el proyecto aprobado en tercer debate por la Asamblea Nacional podría afectar el acceso al crédito de personas, familias y empresas.
En Panamá, el sistema de crédito se basa en la confianza y en el cumplimiento de las obligaciones por parte de la mayoría de los clientes bancarios.
La asociación afirma que, gracias a esa cultura de pago responsable, la morosidad se mantiene estable y el crédito sigue siendo una herramienta clave para que miles de familias compren una vivienda, inicien un negocio o afronten situaciones relevantes de su vida.
Según las últimas estadísticas del sistema bancario panameño, en 2025 la cartera hipotecaria alcanzó aproximadamente $20,330 millones, con un crecimiento anual de 2.6%.
Por su parte, los préstamos personales se mantuvieron estables, con un saldo de $9,985 millones y un aumento anual de 2.8%.
El diputado Ernesto Cedeño, proponente de la iniciativa, ha afirmado que algunas entidades financieras venden carteras de deudas ya prescritas, lo que provoca que terceros sigan gestionando cobros a usuarios.
Cedeño advirtió que la medida no modifica los plazos legales de cobro: el Código de Comercio establece un periodo de 3 años para reclamar judicialmente contratos bancarios y financieros una vez incumplido el compromiso.
Según el diputado, la propuesta busca crear una vía administrativa para que los clientes soliciten la prescripción directamente a los bancos, evitando así iniciar un proceso judicial.
El sector bancario sostiene que algunas disposiciones del proyecto podrían generar incentivos equivocados, llevando a determinados deudores a posponer sus obligaciones hasta que las deudas prescriban y se eliminen referencias negativas en su historial crediticio.
En contraste, quienes con esfuerzo reestructuran y pagan sus deudas verían reflejadas temporalmente sus dificultades en el historial crediticio, lo que, según la asociación, resultaría injusto y podría debilitar la cultura de pago en Panamá.
La banca considera que el proyecto introduce una nueva vía administrativa para la prescripción ante el banco, la Superintendencia de Bancos y eventualmente la Corte Suprema, mientras el proceso judicial tradicional seguiría vigente; esa duplicidad podría generar mayor complejidad, costos e incertidumbre.
Explican que, al aumentar los riesgos en el sistema de crédito, las condiciones para otorgar préstamos suelen endurecerse, lo que puede traducirse en créditos más caros o más difíciles de obtener, afectando especialmente a familias, emprendedores y pequeñas empresas que dependen del financiamiento.
La Asociación Bancaria de Panamá reafirma su compromiso con el acceso a un crédito responsable, la estabilidad del sistema financiero y manifiesta su disposición al diálogo técnico para fortalecer la protección del consumidor y la seguridad jurídica.
Esta semana, el gerente del estatal Banco Nacional de Panamá, Javier Carrizo Esquivel, anunció que solicitará el veto del proyecto de ley N.388, que tras su aprobación en tercer debate solo espera la sanción presidencial.
