El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió el jueves una licencia temporal que autoriza la venta y entrega de petróleo crudo y productos petrolíferos de origen ruso cargados en buques antes del 12 de marzo de 2026. La autorización, que vence el 11 de abril, reemplaza una exención idéntica emitida la semana anterior y añade una novedad: excluye expresamente las transacciones con Cuba, Corea del Norte y Crimea.
La autorización fue emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y forma parte de la respuesta de la administración de Donald Trump al alza del precio del crudo derivada de las tensiones en Oriente Medio y del cierre parcial del estrecho de Ormuz. La licencia original, del 12 de marzo, solo exceptuaba las operaciones con Irán; la versión del jueves amplía esa lista e incorpora a La Habana, Pyongyang y los territorios ucranianos ocupados por Rusia.
Desde el punto de vista técnico, abogados especializados en comercio internacional señalaron que los regímenes de sanciones sobre Cuba, Corea del Norte y Venezuela ya prohibían implícitamente ese tipo de transacciones, dado que la exención rusa solo levantaba las restricciones vinculadas a Moscú. La nueva licencia elimina dudas interpretativas que pudieran aprovechar operadores navieros o financieros y cierra posibles vacíos legales.
La medida adquiere relevancia inmediata por la situación energética de Cuba. Según datos de seguimiento marítimo citados por AFP, The Guardian y Financial Times, dos petroleros procedentes de Rusia se dirigen actualmente a la isla. Uno, el Anatoly Kolodkin —sancionado por Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido—, zarpó de Primorsk a principios de marzo y transporta, según la firma Kpler, más de 725.000 barriles de crudo Urals con destino a la terminal de Matanzas. El otro, el Sea Horse, con bandera de Hong Kong, declaró distintos destinos en sucesivas ocasiones y desactivó en varios tramos su señal de identificación automática (AIS), maniobras que los analistas vinculan a estrategias de evasión de sanciones.
Cuba enfrenta una crisis energética sin precedentes en décadas. La isla produce internamente alrededor del 40% del petróleo que consume, según Financial Times, y dependía de Venezuela, México y Rusia para el resto. Tras la detención de Nicolás Maduro y la suspensión de envíos desde Caracas, Washington intensificó la presión sobre terceros proveedores; México cortó sus despachos a comienzos de año. El impacto sobre la población ha sido severo: hospitales que cancelaron intervenciones, vuelos suspendidos y servicios básicos funcionando de forma intermitente.
Miguel Díaz-Canel reconoció públicamente la gravedad de la situación. Moscú reafirmó su respaldo a La Habana y consideró inaceptable la presión estadounidense sobre el suministro energético de la isla.
La nueva exención no modifica las sanciones estructurales contra el sector energético ruso ni cambia el marco legal a largo plazo. Su alcance se limita a los cargamentos que ya estaban en el mar al momento de su emisión, un mecanismo que Washington ha utilizado para estabilizar los mercados sin desmantelar las restricciones impuestas tras la invasión de Ucrania en 2022. Al excluir expresamente a Cuba, la administración Trump envía una señal política clara: la apertura energética temporal no será una vía para que La Habana eluda el cerco.
