Una mañana cualquiera en una localidad de la llanura argentina, una familia calienta agua para preparar mate. A simple vista el agua es transparente y sin olores ni sabores extraños, pero puede contener una sustancia que la ciencia identifica desde hace décadas como un riesgo para la salud humana: el arsénico. Esta situación es habitual en varias regiones del país debido al origen geológico de los acuíferos. La paradoja es clara: Argentina dispone de vastas reservas de agua dulce y, al mismo tiempo, enfrenta problemas persistentes relacionados con la calidad, la distribución y la gestión de este recurso.
Cada 22 de marzo se celebra el Día Mundial del Agua, una ocasión para reflexionar sobre su valor. Hoy esa reflexión trasciende consignas generales y se vincula directamente con cuestiones sanitarias, productivas y territoriales. En los últimos meses dos debates volvieron a poner el agua en el centro de la agenda pública: la presencia de arsénico en fuentes sin tratamiento destinadas al consumo humano y la discusión sobre la protección de glaciares y la posible revisión de marcos regulatorios para actividades productivas en zonas periglaciares.
Ambos temas plantean una pregunta de fondo: ¿cómo valora la sociedad el agua dentro de su modelo de desarrollo? El arsénico es, en gran medida, un fenómeno de origen geológico. En amplias áreas de la llanura chaco-pampeana su presencia no responde a contaminación reciente sino a procesos ocurridos hace miles de años; rocas formadas por actividad volcánica liberan arsénico hacia los acuíferos que abastecen mediante perforaciones. Cuando esas aguas se consumen sin monitoreo ni tratamiento adecuados, pueden ocasionar problemas de salud pública.
Esta condición no es exclusiva de Argentina, por lo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) fijó un valor guía de 10 microgramos por litro de arsénico en agua potable. La exposición prolongada a concentraciones superiores puede causar lesiones cutáneas, enfermedades cardiovasculares y distintos tipos de cáncer. Por tanto, el problema no es solo geológico sino de gestión pública: garantizar agua segura exige inversión en tecnologías de potabilización, monitoreo sistemático de la calidad y políticas públicas que aseguren estándares sanitarios apropiados.
En otras regiones del país, los glaciares cumplen funciones más allá de su valor paisajístico o turístico: regulan el ciclo hidrológico y el clima y actúan como reservas estratégicas que alimentan ríos y cuencas, de los que dependen comunidades, ecosistemas y actividades productivas. En años recientes se ha difundido el concepto de seguridad hídrica, que sintetiza el desafío de asegurar agua suficiente y de calidad para la salud humana y animal, el desarrollo económico y la conservación de los ecosistemas.
En ese marco, formar profesionales capaces de abordar la complejidad de los sistemas hídricos es una condición estratégica. Instituciones como el Instituto Universitario del Agua y el Saneamiento (IUAS) fueron creadas para fortalecer capacidades científicas, tecnológicas y de gestión frente a los desafíos vinculados al agua. De ese debate surge una pregunta incómoda pero inevitable: ¿vale más el agua que el oro?
No se trata de una consigna ambiental ni de un enfrentamiento simplista entre desarrollo económico y preservación de la naturaleza. Se trata de reconocer que el agua es la base de la vida y, por ende, de la sociedad y su prosperidad. Como comunidad debemos promover alternativas técnicas, tecnológicas y de gestión que protejan el recurso hídrico y, al mismo tiempo, permitan un desarrollo económico justo y sostenible.
El autor es rector del IUAS, primera institución universitaria del país especializada en agua, saneamiento y ambiente, creada por el Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias (SGBATOS).
