El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, dejó sin efecto el decreto que permitía la importación de grano de soya con arancel cero, en medio de protestas del sector productivo. La decisión fue oficializada mediante el Decreto Supremo 5591, que anula la normativa aprobada en febrero.
La disposición anulada —el Decreto Supremo 5547— había fijado arancel cero para la importación del grano hasta finales de 2026 con el argumento de “fortalecer la producción de subproductos de soya”.
Productores rechazaron la medida, señalando que afectaba negativamente la producción nacional y podía generar “competencia desleal”. La Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) indicó que la producción interna supera la demanda en más del 80%, por lo que consideraba innecesario el decreto.
El conflicto se agravó con movilizaciones y bloqueos, en particular en la carretera entre los departamentos de Santa Cruz y Cochabamba, donde se exigía la anulación de la norma y se amenazó con acciones como la toma de pozos petroleros. El sector sostuvo que las importaciones sin aranceles presionaban a la baja los precios internos y ponían en riesgo la sostenibilidad de la actividad agrícola.
El Gobierno, a través del ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, informó que la abrogación responde a acuerdos alcanzados entre los sectores involucrados. “La abrogación ha sido producto de un compromiso al que se ha llegado entre productores, la industria y el Gobierno”, dijo, según medios locales.
Con la nueva disposición, el país retorna al esquema arancelario previo, que contempla tasas diferenciadas según el tipo de producto importado.
Se trata de la segunda vez que la administración de Paz da marcha atrás con un decreto bajo presión social en su gestión.
En enero, el presidente abrogó el polémico decreto 5503, que había levantado el subsidio a los combustibles y contenía más de cien artículos, entre ellos aumentos del salario mínimo y de algunos bonos sociales, así como cambios en el procedimiento para contratos estatales sobre recursos estratégicos mediante un mecanismo “fast track” que generó rechazo por temor a la privatización.
Bajo el lema “Bolivia no se vende”, sindicatos y organizaciones que lideraron las protestas exigieron la abrogación de la norma promulgada el 17 de diciembre, la restitución de subsidios a los combustibles y el aumento de bonos sociales, además de que los demás artículos fueran remitidos a la Asamblea Legislativa para su discusión como ley.
Tras tres semanas de protestas, los ministros de Gobierno, Presidencia y Economía anunciaron la abrogación del decreto. “Hay que anular lo que no quieren y transferir lo que están aceptando a otro decreto”, señaló el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, luego de reunirse con dirigentes sindicales.
Estas dos decisiones, decretos propios abrogados en los primeros cuatro meses de gestión, evidencian la capacidad de presión de algunas organizaciones sobre el Gobierno y reabren el debate sobre la estabilidad de las políticas económicas de la administración de Paz.
