El fallo de la Corte de Apelaciones de Nueva York sobre el caso YPF tiene un impacto relevante para la Argentina: evita un pago estimado en unos US$ 16.000 millones (con posibilidad de haber alcanzado los US$ 18.000 millones) y tiene implicancias simbólicas sobre la soberanía. El Gobierno anunció con tono triunfal el resultado, pero aprovechó la decisión con fines políticos, reactivando la disputa con el kirchnerismo y buscando desplazar la atención del caso que involucra a Manuel Adorni.
La urgencia por politizar la noticia se reflejó en decisiones rápidas del oficialismo después de recibir el anticipo del fallo. El Gobierno incluso demoró brevemente un acto oficial para incorporar la noticia y reforzar la imagen de apoyo a Javier Milei por parte del jefe de Gabinete. En ese marco, el Presidente hizo manifestaciones duras contra figuras del kirchnerismo; más tarde, en la cadena nacional, adoptó un tono algo más moderado, y la propia resolución estadounidense consideró aspectos relativos a la legalidad de la expropiación de 2012.
La reacción oficial llamó la atención no sólo por su utilización coyuntural —en un momento complicado por el caso Adorni y por otros asuntos económicos— sino porque presentó el fallo como una desautorización total de lo actuado por el kirchnerismo, cuando en realidad la decisión judicial puede ser interpretada de maneras diversas y, en ciertos puntos, incluso favorece elementos del argumento oficialista y del kirchnerismo.
El proceso en tribunales de Nueva York tuvo su origen en la demanda de un fondo inversor “buitre”. El fallo reciente desarma en gran medida esas pretensiones y, en términos concretos, respalda que la expropiación se ajustó a la normativa argentina. La posición argentina en el juicio se basó en la legalidad de la expropiación, el rechazo a la jurisdicción de Nueva York y la prioridad de la ley local sobre estatutos societarios.
La comunicación oficial siguió la táctica propia de campaña: simplificar el contenido del fallo en consignas, recurrir a descalificaciones y utilizar la noticia para atender urgencias políticas, sobre todo para intentar contrarrestar el impacto del caso Adorni. Sin embargo, esa simplificación no altera que el fallo, en su punto central, no contradice por completo la narrativa kirchnerista sobre la expropiación, al menos en lo relativo al rechazo de la demanda de Burford.
Una crítica que no se puso en primer plano por parte del Gobierno es que la operación de expropiación tuvo aspectos controvertidos y costosos en su ejecución. Entre ellos, la negociación con Repsol que derivó en una indemnización en títulos por US$ 5.000 millones —que en términos prácticos habrían implicado un costo mayor— y la existencia de dudas y sospechas internas sobre las prácticas y la gestión heredada de la época de Néstor Kirchner, así como sobre la administración de los recursos de YPF.
Milei intentó presentar el fallo como un logro propio y un alivio frente a lo que definió como una herencia del kirchnerismo. En su mensaje en cadena nacional felicitó principalmente a su equipo y calificó la sentencia como un hito de su gestión, sin enmarcarla en el largo litigio en Estados Unidos que lleva más de una década y en el aporte de estrategias y argumentos previos.
El enfoque del Presidente persiguió también cerrar filas internas y neutralizar grietas en su discurso anticasta. En ese sentido, pudo haber optado por una lectura más amplia que reconociera continuidad en la estrategia judicial, en lugar de enfatizar un triunfo personal o atribuir el resultado a alineamientos políticos internacionales.
La decisión de politizar el fallo se produjo en un momento en que el oficialismo enfrenta presiones internas y externas. Voceros del Gobierno reconocen que la prioridad fue intentar recuperar la agenda pública y desplazar el foco del caso Adorni, que en sondeos y en el seguimiento en redes sociales tiene alta visibilidad y evaluación negativa.
En pocos días, el Ejecutivo desplegó gestos públicos de respaldo hacia el jefe de Gabinete: una conferencia con varios ministros, mensajes oficiales de apoyo y encuentros públicos que buscaban consolidar una imagen de sostén político, esfuerzos que se vieron reforzados por la noticia judicial desde Nueva York.
La maniobra para cambiar la agenda topa con al menos dos obstáculos: el flujo continuo de novedades vinculadas con Adorni y la persistencia de investigaciones y señales públicas que mantienen el tema en la atención pública. A la primera ola de críticas por viajes y alojamientos se sumaron datos sobre propiedades y mudanzas que volvieron a poner en foco al funcionario.
Algunos de esos hechos ya generan movimientos judiciales. En particular, el viaje a Punta del Este abrió procedimientos y testimonios que complican al funcionario por posibles dádivas, y se iniciaron pesquisas preliminares sobre su patrimonio.
En síntesis, el fallo sobre YPF representa un alivio judicial y económico para el país, pero su utilización exclusiva como instrumento político para desviar la atención de otros problemas corre el riesgo de desaprovechar un fallo con implicancias más amplias. Si la noticia sólo se emplea como oxígeno temporal, su valor político y institucional puede quedar reducido.
