La Unidad de Información Financiera (UIF) aprobó un nuevo esquema de intercambio de información entre organismos nacionales y sus pares en el exterior, con el propósito de prevenir y detectar delitos económicos complejos.
La medida, formalizada mediante la resolución 35/2026, deja sin efecto la normativa vigente desde diciembre pasado y redefine los mecanismos de cooperación en materia de prevención del lavado de activos, financiación del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
El nuevo marco regula la coordinación con organismos como el Banco Central, la Comisión Nacional de Valores, la Superintendencia de Seguros de la Nación y el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, que son considerados autoridades de control específicas.
Estas entidades podrán intercambiar información de forma directa entre sí y con organismos extranjeros, siempre que cuenten con facultades para identificar y analizar operaciones sospechosas.
Un eje central de la normativa establece que todo el flujo de datos deberá gestionarse mediante sistemas de gestión documental electrónica, aplicando estándares estrictos de seguridad y confidencialidad.
Además, la UIF podrá requerir información sobre los intercambios realizados, solicitar datos con fines estadísticos y supervisar el cumplimiento de los procedimientos. La información compartida solo podrá utilizarse para los fines para los que fue solicitada y no podrá transferirse a terceros sin la debida autorización.
El esquema también establece requisitos para los pedidos de información: deben especificar el motivo, el tipo de datos solicitados y el nivel de urgencia, y sólo podrán referirse a datos disponibles en cada organismo.
La resolución incorpora las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) como marco de referencia y habilita la firma de acuerdos o memorandos de entendimiento entre entidades para profundizar la cooperación.
La normativa fue suscripta por las autoridades actuales de la UIF en un contexto en el que aún no se ha designado un nuevo titular tras la salida de Paul Starc. En paralelo, el Gobierno impulsa la designación de nuevas autoridades para conducir el organismo.
