A pocos días de las elecciones, el país enfrenta una paradoja: se discute la seguridad como si el Estado tuviera control total, cuando las cifras muestran lo contrario. La tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes se ha casi triplicado, de 2.2 en 2019 a 6.5 en 2025. Lima y Callao llevan meses en estado de emergencia sin que ello modifique la tendencia delictiva; así, lo excepcional termina pareciendo una confesión de incapacidad.
El debate suele centrarse en la escasez de policías, pero a nivel nacional hay cerca de 400 efectivos por cada 100.000 habitantes, más que en países como México o Brasil. El problema es su distribución: regiones como La Libertad, con altas tasas de denuncias por homicidio y extorsión, tienen apenas 245 policías por cada 100.000 habitantes, la cobertura más baja del país. El resto de la cadena tampoco funciona bien: el sistema penitenciario opera casi al triple de su capacidad —más de 100.000 internos en espacios diseñados para poco más de 40.000— y alrededor de un tercio de los reclusos no tiene sentencia. En suma, la justicia no se aplica con eficacia ni rapidez.
También hay un deterioro institucional evidente. Solo 13.8% de los peruanos declara confiar en la Policía, el nivel más bajo en más de una década según la Enaho. Esa desconfianza se alimenta de hechos: uno de cada cuatro ciudadanos fue víctima de un delito en el último año. La pérdida de confianza se extiende a otras instituciones clave: Congreso, Poder Judicial y la comisión anticorrupción registran niveles mínimos de respaldo. Además, más del 80% de la población considera que existe poco o ningún respeto por la transparencia electoral, lo que añade un riesgo sobre la percepción de legitimidad del próximo gobierno.
En este contexto, las propuestas presidenciales suelen repetir recetas tradicionales —más policías, más cárceles o discutir la pena de muerte— sin ofrecer medidas nuevas ni de efecto inmediato. El problema ya no es diagnosticar, sino la incapacidad para ejecutar políticas integradas. Es urgente reconstruir una autoridad visible: reforzar comisarías, mejorar la inteligencia, modernizar equipamiento policial e impulsar la coordinación territorial. Pero la efectividad de estas acciones depende de una capacidad institucional que hoy está claramente erosionada; no habrá política de seguridad eficaz sin confianza en el Estado.
Por eso la inseguridad no es solo criminalidad: es el síntoma de un Estado que no se organiza, de instituciones sin legitimidad y de autoridades que reaccionan más de lo que gobiernan. Mientras eso no cambie, el país seguirá atrapado en un ciclo conocido: más delito, más temor ciudadano, más estados de emergencia, más frustración y pocos resultados efectivos.
