Las autoridades iraníes ejecutaron en la madrugada del martes a Amir Ali Mirjafari, condenado por su participación en las protestas de enero y acusado de intentar incendiar la Gran Mezquita de Gholhak, en el norte de Teherán, además de liderar una célula supuestamente vinculada al servicio de inteligencia israelí Mossad. Con esta sentencia, el poder judicial iraní ha llevado a cabo ocho ejecuciones en poco más de un mes por delitos relacionados con las manifestaciones que se produjeron a principios de año.
La agencia estatal Mizan, portavoz del poder judicial, informó que la pena fue ratificada por el Tribunal Supremo antes de la ejecución. Según esa fuente, Mirjafari habría confesado haber participado en los disturbios del 8 y 9 de enero, haber dañado mobiliario urbano —como cabinas telefónicas y autobuses— y haber incendiado motocicletas con botellas de gasolina en distintos puntos de Teherán. No obstante, el sitio IranWire indicó una discrepancia: en las confesiones publicadas por Mizan no figura mención alguna a la mezquita de Gholhak, pese a que esa acusación aparece en el comunicado oficial.
La organización Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega, rechazó los cargos y señaló que no dispone de información independiente sobre el proceso ni sobre las circunstancias del arresto. IHR advirtió que el régimen está vinculando sin pruebas la participación en las protestas con operativos extranjeros, lo que facilita las ejecuciones. Amnistía Internacional y otros grupos de derechos humanos han documentado durante años el uso de confesiones obtenidas bajo coacción o tortura en procesos relacionados con la disidencia política en Irán.
Las protestas que dieron lugar a esta ola represiva comenzaron el 28 de diciembre de 2025, tras un desplome abrupto de la moneda iraní en un contexto de elevada inflación y deterioro de las condiciones de vida. La movilización, inicialmente motivada por la crisis económica, se transformó en un movimiento antigubernamental de carácter nacional. En los enfrentamientos de los días 8 y 9 de enero las fuerzas de seguridad emplearon fuego real; las autoridades reconocieron más de 3.000 muertos, mientras que algunas ONG estiman que la cifra supera los 7.000.
Las ejecuciones relacionadas con los sucesos de enero se reactivaron el 19 de marzo mediante un procedimiento acelerado impulsado por el jefe del poder judicial, el ultraconservador Gholamhossein Mohseni Ejei. Además de las ocho personas ejecutadas por las protestas, en las últimas semanas Irán ha ahorcado a ocho miembros del grupo opositor Mujahedin del Pueblo (MEK), todos hombres. IHR denunció que cientos de manifestantes siguen acusados de delitos que conllevan la pena capital y que al menos 30 sentencias de muerte ya han sido dictadas.
El caso de Mirjafari se inscribe en una tendencia sostenida desde el levantamiento Mujer Vida Libertad de 2022: el uso creciente de la pena de muerte como herramienta de represión política. Según un informe conjunto de Iran Human Rights y la organización francesa Ensemble contre la Peine de Mort (ECPM), en 2025 Irán ejecutó a 1.639 personas, un 68% más que el año anterior y la cifra más alta desde 1989; el mismo informe registró al menos 48 mujeres ejecutadas, el número más elevado en más de dos décadas.
La presión internacional aumentó el martes: el presidente estadounidense Donald Trump pidió la liberación de ocho mujeres que, según afirmó, afrontan la pena capital, en un mensaje que difundió junto a una publicación de un activista proisraelí en la red social X. Entre los casos más documentados figura el de Bita Hemmati, a la que se atribuye haber arrojado bloques de hormigón desde un edificio sobre agentes de policía durante las protestas, según el Centro Abdorrahman Boroumand, con sede en Washington.
Cada ejecución añade un nombre a una lista que, según organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos, refleja una política punitiva sostenida por el poder judicial iraní. La inquietud en Teherán se centra ahora en la posibilidad de nuevas ejecuciones: la cuestión es cuántas se impondrán y en qué plazo.
