El presidente interino de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Sebastián Daroca, advirtió que Bolivia está al borde de una crisis energética y que, si no se revierten las tendencias actuales, podría necesitar importar gas natural en un plazo de cuatro a cinco años, pasando de exportador a importador en menos de dos décadas.
Daroca explicó que la caída sistemática de las reservas y de la producción de gas y líquidos responde a la falta de inversión en los últimos años y sostuvo que revertir esa tendencia debe ser una prioridad nacional; afirmó que las gestiones anteriores dejaron al país en riesgo energético.
El titular de la petrolera —quien hasta asumir era gerente de Operaciones de la compañía— advirtió que, sin acciones concretas para aumentar la producción, en un plazo de cuatro a cinco años el país podría necesitar importar gas natural.
La producción de gas en Bolivia se ha reducido de forma significativa en la última década, casi a la mitad desde el pico de 2014 —cuando producía alrededor de 60 millones de metros cúbicos diarios— hasta los niveles de 2024. La caída se atribuye al agotamiento natural de los yacimientos, a la escasa inversión en exploración y a deficiencias en la gestión del sector.
La declaración de Daroca se da en el marco de una reorganización institucional del sector hidrocarburos —después de la renuncia de la anterior presidenta de YPFB y el cambio del ministro de Hidrocarburos— y mientras persiste una crisis por combustibles que lleva más de dos meses sin resolverse.
El problema reciente de la gasolina de mala calidad apareció a mediados de enero, semanas después de que la administración de Rodrigo Paz eliminara la subvención a los combustibles y ajustara los precios que habían permanecido fijos en el mercado durante veinte años.
En febrero, el Gobierno reconoció que se había distribuido combustible de baja calidad, pero no asumió responsabilidad sobre su origen. Inicialmente atribuyó el problema a residuos de goma y manganeso en tanques heredados de gestiones anteriores; más tarde sugirió la existencia de sabotajes internos y de redes delictivas internacionales que mezclarían gasolina con agua y aceite.
Ante el aumento de protestas y reclamos, la estatal petrolera estableció un sistema de compensación para usuarios que acrediten daños vehiculares atribuibles a la gasolina. Según YPFB, hasta la primera semana de abril se habían destinado 9,7 millones de bolivianos —más de un millón de dólares— para compensar a más de 8.000 conductores.
En las semanas recientes, y en medio de los ajustes institucionales, también se reportó escasez de diésel que el Gobierno atribuyó a una sobredemanda por la temporada agrícola. Daroca afirmó que se aumentaron los despachos y que el suministro se regularizaría esa semana. Varios analistas advierten que los problemas de producción, calidad y abastecimiento evidencian un deterioro sostenido del sistema energético; en ese contexto, dirigentes del transporte de La Paz anunciaron manifestaciones para exigir soluciones definitivas, señalando además que las decisiones políticas necesitarán tiempo para surtir efecto.
