Siete meses antes del hundimiento del ARA San Juan, la Armada convocó en Mar del Plata a sus submarinistas más veteranos para evaluar la capacidad operativa de la Fuerza de Submarinos, las reparaciones pendientes, las restricciones presupuestarias y el futuro de la capacidad submarina nacional. El encuentro se realizó a fines de abril de 2017 y concluyó con recomendaciones técnicas consignadas en un acta suscrita por los “vocales permanentes” del Consejo Asesor del Arma Submarina.
Ese acta, elaborada en el ámbito interno de la fuerza, hoy se examina en detalle en el marco del juicio oral que analiza posibles responsabilidades penales vinculadas a la tragedia.
El documento forma parte de las pruebas centrales del proceso iniciado en marzo ante el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz, con sede en Río Gallegos. El debate busca determinar si el ARA San Juan (SUSJ) zarpó en condiciones seguras para cumplir una misión que combinaba entrenamiento y una operación de vigilancia del mar argentino, y si hubo negligencias u omisiones de los cuatro ex altos mandos navales imputados que aumentaron el riesgo inherente a la actividad.
Para ello, el juicio intenta poner en contexto las distintas “novedades”, “averías” y “tareas pendientes” que presentaba el submarino antes de salir a la mar.
Los fiscales sostienen que la acumulación de esas deficiencias fue la causa que condujo al desastre. En cambio, las defensas argumentan que ninguna de las observaciones registradas comprometía la seguridad náutica del buque.
La implosión del submarino, construido con acero HY80, ocurrió el 15 de noviembre de 2017 a las 10:51, según los registros acústicos internacionales incorporados al expediente.
El Consejo Asesor del Arma Submarina funciona como un foro interno de consulta técnica y estratégica integrado por los submarinistas de mayor experiencia de la Armada. En la reunión del 30 de abril de 2017 participaron 14 capitanes de navío con voz y voto para tratar asuntos relativos al arma submarina.
También asistieron oficiales invitados, entre ellos el entonces comandante del ARA Salta, capitán de fragata Sebastián Marcó, y el comandante del SUSJ, capitán de fragata Pedro Martín Fernández, quienes informaron sobre la situación de sus respectivas unidades.
Las exposiciones estuvieron presididas por el inspector del Arma Submarina en ese momento, capitán de navío Gabriel Attis, el submarinista con mayor jerarquía en la fuerza. En el acta consta que Attis abrió la sesión relatando una conversación previa con el jefe del Estado Mayor General de la Armada, almirante Marcelo Eduardo Srur, quien había expresado su preocupación por el riesgo de quedarse sin submarinos operativos durante los mantenimientos.
En ese momento la Armada disponía de tres submarinos en servicio: el ARA Salta (clase Tipo 209) y los ARA Santa Cruz y ARA San Juan (ambos clase TR-1700). El desafío principal era coordinar las reparaciones y entradas a dique para evitar períodos sin submarinos en el mar.
“Tratar de concatenar cómo van a hacer las reparaciones para que, al menos, siempre tengamos un submarino navegando; eso fue lo que hablé con el Sr. Almirante Srur, lo que motivó toda esta reunión”, dijo Attis al inicio de la sesión realizada en el microcine de la Escuela de Submarinos y Buceo.
Entre los asistentes figuraban también dos de los imputados en el juicio: Claudio Javier Villamide, por entonces comandante de la Fuerza de Submarinos (COFS) y destinatario del “apoyo” que debía brindar el Consejo; y Héctor Aníbal Alonso, jefe del Estado Mayor del COFS y secretario de la jornada. Años después, Attis, ya retirado como comodoro de Marina, declaró como testigo en una de las audiencias iniciales del debate oral, que suma actualmente 24 jornadas.
Otro tema central fue el futuro de la capacidad submarina argentina. El titular del Consejo explicó que el jefe de la Armada había pedido un estudio “realista” sobre una eventual nueva generación de submarinos y expresó que la fuerza carecía de proyectos formalmente presentados ante el Ministerio de Defensa, a diferencia de otros programas navales.
En el acta quedó registrado que, ante una consulta del Ministerio, “el almirante Srur no tendría una carpeta con un proyecto respaldado por un estudio” que permitiera definir una compra o desarrollo de submarinos.
El deterioro operativo del ARA Salta ocupó buena parte de las intervenciones. El capitán Marcó describió un proceso de desgaste acumulado y reparaciones parciales que se venían posponiendo, con entradas a dique de corta duración destinadas a resolver urgencias inmediatas.
“Se hace solo el problema del momento, carenado y algunas válvulas, lo demás se deja y pasa a ser grave en el dique siguiente”, explicó el entonces comandante del ARA Salta.
En paralelo, el jefe del Proyecto Submarino, capitán de navío Fabián Krawinkel, actualizó el estado de la reparación general del ARA Santa Cruz, en los astilleros de Tandanor, y consignó un retraso acumulado de 19 meses, con una finalización estimada que podría extenderse hasta el primer semestre de 2020. También advirtió sobre limitaciones presupuestarias y demoras en la adquisición de equipos y repuestos.
Gran parte del acta se dedicó al ARA San Juan. El capitán Fernández enumeró las novedades técnicas pendientes tras la reparación de media vida realizada en el Complejo Industrial Naval Argentino (CINAR), muchas de las cuales, dijo, requerirían intervención en la próxima entrada a dique seco.
Mencionó problemas en el sistema de refrigeración de agua de mar, pérdidas hidráulicas, filtraciones de aire, detectores de gases fuera de servicio por falta de reactivos, fallas en sensores y ruidos en la línea de eje que debían verificarse en dique. También señaló una filtración entre un tanque de combustible y un tanque de baterías que había sido reparada en dos ocasiones pero que necesitaba una intervención más profunda durante una reparación general futura.
A pesar de esas observaciones, el comandante del SUSJ manifestó ante el Consejo que el buque estaba “operativo”, aunque con limitaciones de seguridad. Indicó que la unidad estaba restringida a una profundidad máxima de 100 metros, una limitación autoimpuesta por la Fuerza de Submarinos, y que quedaban pendientes pruebas y verificaciones para realizar en dique seco.
“El estado actual de la unidad es operativo, con una profundidad limitada a 100 metros, una velocidad autoimpuesta a máxima etapa 3 y como importante la indiscreción del ruido de la línea de eje al momento de parar máquinas”, afirmó el capitán Fernández durante su exposición.
Al cierre de la reunión, el acta consignó conclusiones sobre reparaciones, mantenimiento, modernización y la planificación de las próximas entradas a dique de las unidades. Entre las recomendaciones, se planteó “tramitar la imperiosa entrada a dique seco del SUSJ durante el primer semestre del año 2018 a fin de asegurar su operatividad” y se advirtió que el buque llevaba “39 meses sin realizar el mantenimiento correspondiente, que de acuerdo al manual del fabricante debería ser cada 18 meses”.
El acta fue ratificada por los 14 capitanes de navío que integraron la sesión.
