Konstantin Orlov era un personaje conocido por la prensa local de Recreo, una ciudad de unos 21.000 habitantes en el sudeste de Catamarca. Se presentaba como técnico electromecánico, llevaba un taller con su apellido y afirmaba haber vivido en el país durante veinte años. En entrevistas contaba que había aprendido español de forma autodidacta y describía su llegada al país con una metáfora abrupta.
En 2020, Orlov difundió en sus redes un video en el que se mostraba preocupado y decía representar al Armenian Artsakh Fund, una organización benéfica internacional. En ese material habló de un cargamento retenido en Buenos Aires: un contenedor con 40 pallets de medicamentos cuya donación, según él, estaba destinada al hospital Liborio Forte de Recreo en plena pandemia de COVID-19.
El Ministerio de Salud de Catamarca había otorgado poderes especiales a un despachante de aduana para gestionar el envío. La mercadería, almacenada en un galpón de Sarandí, ingresó al país sin pagar impuestos acogida al Régimen Especial de Envíos de Asistencia y Salvamento del Código Aduanero, que exonera material importado para atender catástrofes.
Sin embargo, surgió una investigación judicial en lo penal económico ante la sospecha de que esos medicamentos, en lugar de ser entregados como donación, podrían terminar siendo vendidos. La causa apuntaba a un posible tráfico de medicamentos.
Seis años después, la causa llegó a un acuerdo. Tras una pesquisa a cargo del fiscal Jorge Dahl Rocha, su colega Gabriel Pérez Barberá obtuvo un juicio abreviado la semana pasada en el Tribunal N°1, a cargo del juez Diego García Berro. Dos acusados aceptaron penas de tres años de prisión en suspenso.
Los imputados que pactaron el acuerdo fueron Andrea Fany Álvarez, comerciante y pareja de Orlov residente en Recreo, y David Allami, escriba de la Torá y referente de la comunidad judía ortodoxa. Allami firmó el abreviado desde el penal de Ezeiza, donde cumple una condena de 23 años por abuso de dos menores. Orlov no fue condenado porque falleció en junio de 2021; pese a ello, la investigación continuó.
La causa se inició a partir de una denuncia de un informante ante la división Hidrovías del Paraná de la Policía Federal. Se denunció que los remedios estaban vencidos y que serían desviados a organizaciones como el “Centro de Innovación Tecnológico Brasil Armenia Argentina”, una entidad que, según registros oficiales de aquel año, integraban Orlov y Álvarez.
El despachante de aduana presentó una nota ante la AFIP en la que solicitaba la liberación de la mercadería en carácter de donación por la pandemia. Una inspección de ANMAT detectó, en cambio, que el cargamento era mixto y contenía productos de perfumería e higiene además de medicamentos.
Se comprobó que Álvarez abonó las tasas de almacenaje en la terminal Exolgan de Dock Sud y publicó en su muro de Facebook un pedido de colaboración. Según la investigación, Allami se ocuparía de la venta de los remedios. La hipótesis se sustentó con intervenciones telefónicas realizadas en el marco de la pesquisa.
El fiscal Dahl Rocha señaló en su requerimiento que, en una comunicación telefónica del 6/4/2021 entre Fany Álvarez y Allami, este último refirió que Orlov intentaba recuperar la mercadería que ya estaba secuestrada en el expediente, lo que constituyó un elemento probatorio clave en la causa.
Después del fallecimiento de Orlov, Allami mantuvo contacto con la viuda Álvarez y relató gestiones para repartir lo obtenido por la mercadería. Manifestó que la parte de perfumería estaba “arreglada” y que los medicamentos ya se habían vendido, minimizando la importancia de otros elementos del cargamento.
En las conversaciones intervenidas, Allami también discutió la fecha de vencimiento de los remedios y mostró preocupación por la denuncia que había motivado el secuestro. Expresó interés en identificar al denunciante para evitar quedar implicado y así protegerse él y a otros involucrados.
Además, propuso que Álvarez utilizara contactos en el gobierno de Catamarca para que él fuera designado representante del Armenian Artsakh Fund en sustitución de Orlov, con el objetivo de quedar habilitado para gestionar la mercadería incautada.
Un mes más tarde, según la investigación, Allami insistió en la necesidad de presentar documentación para detener la pesquisa y planteó dudas sobre la retirada de la participación de autoridades de Catamarca, con la intención de influir en el curso de la investigación.
