El intendente de Morón, Lucas Ghi, no asistió finalmente a la interpelación aprobada por el Concejo Deliberante para tratar el caso de la exfuncionaria Luna Suyai Ortigoza, acusada en una causa por narcotráfico y con pedido de captura. En su lugar estuvo el secretario de Seguridad, Damián Cardoso, quien defendió ante los concejales la actuación del gobierno municipal.
La sesión extraordinaria se prolongó más de cuatro horas y registró cuestionamientos duros y pedidos de explicaciones por parte de distintos bloques. Pese a la intensidad de los reclamos, el debate no derivó en incidentes políticos mayores.
En su presentación inicial, Cardoso respaldó las políticas de seguridad del Municipio y afirmó que la gestión mantuvo una postura activa contra el narcomenudeo. Sostuvo que no hubo indicios previos que hubieran permitido detectar las actividades que se atribuyen a Ortigoza y que el gobierno local actuó una vez que tuvo conocimiento del avance de la causa judicial.
El funcionario enfatizó la separación entre las investigaciones penales y la administración municipal, defendiendo que la Justicia tiene autonomía para actuar sin injerencias del Estado. Con ese argumento buscó responder a las críticas opositoras y descartar alegatos de encubrimiento o protección política.
Cardoso indicó que toda la documentación y los elementos secuestrados en la investigación fueron puestos a disposición de la Justicia. Según dijo, hasta ahora no surgieron pruebas que vinculen las tareas que Ortigoza desempeñaba en el Municipio con los delitos bajo investigación.
Durante la ronda de preguntas, concejales reclamaron mayores controles sobre funcionarios públicos. Desde La Libertad Avanza insistieron en reforzar supervisiones, y Cardoso se mostró dispuesto a debatir medidas como el seguimiento patrimonial y revisiones periódicas de antecedentes.
Respecto a la situación laboral de Ortigoza, el secretario explicó que continúa como empleada de planta permanente por las garantías administrativas que establece la normativa, aunque tiene retenido el salario mientras pesa sobre ella un pedido de captura nacional e internacional.
También se cuestionó la ausencia del intendente y de funcionarias del área de Género; varios bloques consideraron que, por la gravedad institucional del caso, Ghi debía haber presidido las explicaciones ante el cuerpo legislativo.
Al cierre, Cardoso dio detalles sobre la investigación judicial: mencionó que uno de los detenidos declaró haber comprado droga a Ortigoza y que el análisis de movimientos bancarios podría aportar nuevos elementos. La sesión evidenció tensiones políticas dentro del oficialismo local y el impacto institucional de uno de los episodios más sensibles de la gestión de Lucas Ghi.
