El Ministerio Público Fiscal (MPF) solicitó una pena de 14 años de prisión para el productor agropecuario y ex presidente de la Sociedad Rural de Diamante, Leonardo Roberto Airaldi, acusado de organizar y financiar una red de tráfico ilícito de estupefacientes entre junio de 2019 y marzo de 2024 en Paraná y Diamante, provincia de Entre Ríos.
La acusación sostiene que las operaciones se desarrollaron desde campos de Airaldi, donde habría funcionado una pista de aterrizaje clandestina utilizada para la llegada de avionetas con cocaína y la salida de embarcaciones destinadas a la distribución de la droga.
El pedido fue formulado durante los alegatos ante el Tribunal Oral Federal (TOF) de Paraná por el fiscal general José Ignacio Candioti, el auxiliar fiscal Juan Podhainy y el fiscal de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) Martín Uriona. El tribunal está integrado por las juezas Noemí Marta Berros (presidenta), Mariela Rojas y el juez José María Escobar Cello.
Según el sitio Fiscales, los fiscales pidieron además condenas de entre 3 y 7 años para ocho imputados vinculados a la organización que también están siendo juzgados junto con Airaldi.
Entre los agravantes señalados figuran la cantidad y variedad de estupefacientes incautados, el uso de aeronaves para el tráfico transnacional, la violencia empleada para sostener la estructura criminal y la posibilidad de que Airaldi hubiera canalizado recursos por vías lícitas vinculadas a su actividad agropecuaria.
También solicitaron el decomiso de la estancia El Mirador, propiedad del principal acusado, al considerarla instrumento del delito por su extensión, su ubicación estratégica sobre la costa del río y las dificultades de acceso al predio.
Airaldi siguió el alegato por videollamada desde el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, donde está alojado desde febrero de 2026 bajo el régimen SIGPPLAR. Además, se lo investiga en otra causa por la presunta planificación de atentados contra el juez federal de Paraná Leandro Ríos, el fiscal general Candioti y el ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia.
El fiscal general Candioti aseguró que la responsabilidad de Airaldi quedó acreditada con las pruebas presentadas en el debate. Indicó que la investigación comenzó en 2019, cuando el Juzgado Federal de Paraná asignó tareas de inteligencia a la Prefectura Naval tras denuncias de vecinos sobre narcotráfico en un campo vinculado al acusado.
En ese momento, los vecinos señalaron la existencia de una pista clandestina, dato que luego se corroboró con registros de drones y fotografías que documentaron movimientos de aeronaves en el predio.
Paralelamente, la Policía de Entre Ríos recopiló testimonios sobre movimientos nocturnos inusuales, la salida de embarcaciones y la pista aérea, y reportó al juez federal que Airaldi contaría con “protección dentro de la misma policía”.
Las investigaciones federales en Paraná y Santa Fe también vincularon al productor con el comercio de drogas. En una causa acumulada en Santa Fe, la Policía Federal señaló la existencia de esa protección policial y destacó el secuestro de 29,5 kilos de cocaína en 2022 en una vivienda de Puerto Gaboto como parte de la estructura investigada.
Los fiscales sostienen que la prueba demuestra que Airaldi habría actuado como organizador, financista y controlador territorial de la red, recurriendo a mecanismos violentos para sostener la actividad ilícita; el análisis de las comunicaciones lo identifica como quien impartía directivas y coordinaba la estructura.
Las intervenciones telefónicas y los mensajes recuperados de celulares secuestrados fueron considerados evidencia central, ya que permitieron reconstruir el funcionamiento de la organización y detectar un lenguaje codificado empleado para ocultar las operaciones.
Se registraron términos como “lomo”, “novillito”, “maple”, “maple con pelo” y “huevos” para referirse a drogas. En comunicaciones figura, por ejemplo, que “los maples van a llegar a Gaboto” para aludir al traslado de estupefacientes, y la expresión “novillito lastimado” vinculada a un paquete de cocaína dañado. También se consignó que alguien cobró 10 millones de pesos “por salir a pescar”, interpretación asociada a una remuneración por actividades ilícitas.
Al concluir la exposición, los fiscales solicitaron condenas como coautores para Juan Andrés Erbes (7 años), Sebastián Agustín Armocida (6 años y 4 meses) y Roberto Fabián Coronel (6 años). Para Joel Schonfeld y María Soledad Touzet, considerados partícipes secundarios, pidieron penas de 4 años y 6 meses y 3 años y 3 meses, respectivamente, con consideración de la perspectiva de género en el caso de Touzet.
En cuanto a Walter Olivero, Cristian Sánchez y Marino Martínez, se les atribuyó un rol menor y se requirieron penas de 3 años y 2 meses para Olivero y de 3 años de ejecución condicional para Sánchez y Martínez.
El juicio comenzó el 3 de marzo y, en trece audiencias, declararon más de cincuenta testigos, entre ellos integrantes de la Policía de Entre Ríos, la Policía Federal y la Prefectura Naval. Las audiencias continuarán el 1, 30 y 31 de julio con los alegatos de las defensas, y el veredicto está previsto para el 13 de agosto.
