En un fallo histórico, la Justicia Federal de San Martín responsabilizó al Estado argentino por la planificación y ejecución de los fusilamientos de 1956 y ordenó medidas de reparación y memoria para las víctimas.
Durante tres días, en el Auditorio Hugo del Carril, el Equipo de Acompañamiento “Dra Silvia Bleichmar” de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires brindó asistencia a los familiares de las víctimas que declararon por primera vez en una instancia judicial, a 70 años de los hechos.
La noche del 9 de junio de 1956 fueron fusilados Carlos Lizaso, Nicolás Carranza, Francisco Garibotti, Vicente Rodríguez y Mario Brión. En esa misma operación sobrevivieron Juan Carlos Livraga, Julio Troxler, Reinaldo Benavídez, Rogelio Díaz, Horacio Di Chiano, Norberto Gavino y Miguel Ángel Giunta.
La sentencia, en el marco del expediente 41.041, acreditó que en la madrugada del 10 de junio se realizó un allanamiento ilegal en una vivienda de la localidad de Florida, en cumplimiento de órdenes impartidas por el entonces presidente de facto Pedro Eugenio Aramburu y el almirante Isaac Francisco Rojas.
Las doce personas que estaban en el lugar fueron detenidas y trasladadas inicialmente a la comisaría de San Martín; luego las llevaron a un descampado donde se ejecutaron los fusilamientos. Como consecuencia murieron Nicolás Carranza, Francisco Garibotti, Vicente Rodríguez, Carlos Lizazo y Mario Obrión; siete personas sobrevivieron. Entre ellas, Juan Carlos Livraga, que a los 96 años y desde Estados Unidos aportó un testimonio clave en el Juicio por la Verdad.
La magistrada calificó los hechos como allanamiento ilegal, privación ilegal de la libertad agravada y homicidio agravado por alevosía.
El fallo atribuye responsabilidad a las máximas autoridades de la dictadura de entonces, encabezadas por Aramburu y Rojas, y a los funcionarios policiales que llevaron a cabo el operativo, entre ellos el teniente coronel Desiderio Fernández Suárez y el inspector Rodolfo Rodríguez Moreno. Aunque todos los responsables están fallecidos, la sentencia reconoció la responsabilidad penal que les habría correspondido y determinó que la sanción aplicable habría sido la prisión perpetua.
Además de la declaración histórica, la sentencia ordena un amplio programa de medidas reparatorias para las víctimas y sus familias. Entre ellas se destacan:
Rehabilitación del buen nombre y del honor de las personas fusiladas y de los sobrevivientes.
Publicación de la sentencia en los Boletines Oficiales de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires, y en los sitios web de las Subsecretarías de Derechos Humanos.
Incorporación de los hechos probados en los diseños curriculares de los sistemas educativos nacional y bonaerense.
Colocación de placas conmemorativas en los lugares donde ocurrieron los allanamientos, la detención y los fusilamientos.
Creación de un sitio de la memoria en el predio de los históricos basurales de José León Suárez, donde ya existe un monumento, para preservar la memoria y dignificar a las víctimas.
Incorporación de los nombres de todas las víctimas en el registro de víctimas de violencia institucional del Estado argentino.
Los fundamentos completos de la sentencia se conocerán el 16 de julio. El fallo representa un avance relevante en la búsqueda de justicia: contribuye al esclarecimiento y la reparación de hechos que marcaron nuestra historia y reafirma que la memoria, la verdad y la justicia son pilares esenciales para la consolidación democrática.
Se trata de los hechos narrados por Rodolfo Walsh en Operación Masacre. El Poder Judicial también reconoció la responsabilidad del Estado; la sentencia constituye un resarcimiento histórico para las familias.
<p>El artículo Los fusilamientos de José León Suárez reconocidos como delitos de lesa humanidad apareció primero en La Plata News.</p>
