En las últimas semanas, el gobierno de Xi Jinping intensificó actividades navales alrededor de Taiwán y en el Mar del Sur de China mediante patrullas de “aplicación de la ley”, cartografía del fondo marino e investigaciones en áreas en disputa. Analistas describen la secuencia como una nueva fase de la táctica conocida como “cortar el salame”: avanzar por pasos para aumentar el control sin provocar un conflicto abierto. Según informes, el objetivo es proyectar presencia más allá de la llamada Primera Cadena de Islas y presionar a la isla de 23 millones de habitantes que Beijing afirma debe ser “reunificada”.
Un episodio sensible ocurrió en el banco de Scarborough, a más de 220 km de Luzón (Filipinas): imágenes satelitales mostraron primero una pequeña estructura flotante cerca de la laguna del peñón, que luego fue remolcada hacia el interior, lo que motivó protestas de Manila. El conjunto de operaciones coincidió en el tiempo con una visita a Beijing del presidente estadounidense Donald Trump, y expertos consultados señalaron que la sincronía no parece casual.
A comienzos de mes, tres buques de la Administración de Seguridad Marítima de China atravesaron el canal de Bashi, entre Filipinas y Taiwán, y realizaron vigilancia y mapeo al este de la isla. Observadores indican que fue la primera vez que esas embarcaciones operaron al este de la Primera Cadena de Islas, que se extiende desde el sur de Japón, pasa por Taiwán y Filipinas y bordea el Mar del Sur de China.
Los patrulleros chinos
Ray Powell, del proyecto SeaLight en la Universidad de Stanford, calificó la maniobra como “la fuga de Bashi” y dijo que en los hechos Beijing estaría reclamando jurisdicción más allá de esa línea de contención, lo que constituye un avance político significativo. También destacó que fue la primera observación de patrullajes de soberanía fuera de la línea de nueve o diez trazos —la demarcación con la que China reclama gran parte del Mar del Sur de China, cuyo fundamento fue rechazado por La Haya en 2016.
Medios estatales describieron las operaciones como una “declaración de soberanía” con implicaciones legales y políticas. A través de cuentas semioficiales, China afirmó haber cartografiado por primera vez el lecho marino al este de Taiwán y sugirió que esas aguas pasarían a ser consideradas “aguas cercanas a la costa”, una categoría que, si fuera oficial, permitiría a Beijing reclamar jurisdicción y restringir el acceso de buques extranjeros.
El presidente taiwanés Lai Ching-te sostuvo que el propósito de Beijing es “expandirse” y afirmó que China innova sus métodos para avanzar en sus reclamaciones y amenazar a Taiwán y a otros países del Indo-Pacífico. Autoridades de seguridad taiwanesas dijeron que China busca crear la impresión de que ya ejerce jurisdicción de facto sobre la isla.
El control de las rutas marítimas
En 2023 China añadió un décimo trazado a su línea de reclamación, situado al este de Taiwán. Analistas advierten que, a largo plazo, los buques civiles y parapoliciales pueden modificar el statu quo más eficazmente que fuerzas militares convencionales, porque resultan menos intimidantes. Estos barcos realizan funciones de policía marítima y control ambiental y podrían posicionarse en los accesos marítimos a Taiwán.
La guardia costera taiwanesa reportó radioavisos chinos a embarcaciones comerciales con rumbo a la isla; según expertos, el siguiente escalón podría ser detener o desviar buques, lo que sería especialmente grave si afectara a cargamentos de gas natural licuado, dado que Taiwán depende de importaciones energéticas. Autoridades occidentales condenaron las acciones: EE. UU. las calificó de “profundamente desestabilizadoras” y Reino Unido, Francia y Alemania expresaron preocupación por la amenaza a la estabilidad regional y la libertad de navegación.
Carl Schuster, exdirector de inteligencia del Comando del Pacífico de EE. UU., señaló además que la cartografía del lecho marino tiene implicaciones militares, al mejorar la capacidad de operar submarinos, ubicar cables submarinos y evaluar recursos y características del fondo.
El banco de Scarborough
El banco de Scarborough, sobre el que China ejerce control efectivo desde 2012, volvió a ser foco de atención. Aunque el tribunal que dirimió el caso en 2016 fijó que Beijing no puede ocupar legalmente el enclave, China afirmó que la estructura flotante detectada realizaba investigación y que luego la retiró. Analistas admiten que esa explicación es plausible a corto plazo, pero advierten que la estructura podría ser reemplazada por algo mayor y permanente.
El secretario de Defensa de Filipinas, Gilbert Teodoro, recordó que China ya empleó antes pretextos similares para justificar instalaciones en islas del Mar del Sur de China pese a promesas anteriores. En respuesta a las actividades chinas, EE. UU. anunció la entrega a Filipinas de cuatro drones marítimos para ayudar en la vigilancia y la respuesta a desafíos marítimos.
Powell señaló que las protestas diplomáticas no impidieron la construcción de islas artificiales en el pasado y que cada pequeña acción prepara el terreno para la siguiente. Su principal preocupación es que la Administración de Seguridad Marítima o la guardia costera china actúen para impedir que buques atraquen en Taiwán o para establecer nuevas instalaciones en Scarborough, y que la reacción internacional resulte insuficiente para detener ese avance gradual.
