Tras tres años buscando justicia por su hijo, a quien acusa de haber sido abusado por su padre, una mujer de Bariloche recibió un sorpresivo revés judicial: a pocas semanas del inicio del juicio oral, la fiscal del caso desistió de la acusación y comunicó que no concurrirá al debate.
La madre, que pidió mantener su identidad en reserva, se enfrenta ahora al juicio fijado para el 27 de julio prácticamente sin el respaldo del Ministerio Público Fiscal. Aunque la fiscalía había acompañado la investigación, a menos de un mes del juicio la fiscal subrogante Daniela Ortíz resolvió no sostener la acusación alegando que no existen pruebas suficientes contra el imputado.
A pesar de esta decisión, la madre, asesorada por su abogada, confirmó que se presentarán al debate a fines de este mes, aun cuando la ausencia de la fiscalía debilita la acusación pública. Ambos hicieron presentaciones ante el jefe de fiscales de Bariloche, Martín Lozada, para que se revise el desistimiento.
La denuncia se inició el 10 de mayo de 2023, dos días después de que el niño —que entonces tenía tres años y medio— relatara “algunos juegos sexuales” que supuestamente habría mantenido con su padre. La madre afirmó que ya antes observaba crisis de ansiedad y conductas sexualizadas en el menor.
Tras la denuncia, el hombre fue separado del hogar. La madre relató que, después de formalizar la denuncia, su hijo mayor continuó aportando testimonios sobre episodios que describió como abusivos, incluidos juegos de masturbación que constaron en revisiones médicas realizadas en un hospital. Identificó al acusado como D.E., un profesional conocido en Bariloche.
La mujer dijo que notaron conductas preocupantes en el niño desde los tres años, como desmayos y fuertes crisis de ansiedad, pese a que vivía en un entorno familiar y no asistía a guardería. Atribuyó su dedicación exclusiva al cuidado del menor, además de su actividad profesional.
Señaló que el acusado tiene un perfil académico destacado: es psicólogo, licenciado y profesor en Letras, con reconocimiento local, además de contar con formación técnica. La madre lo describió como una persona con gran capacidad de manipulación.
Con el tiempo, dijo, percibió rasgos narcisistas y rasgos que interpretó como psicopáticos, aunque al principio lo admiraba por su retórica. Remarcó su posición social y económica en la comunidad.
Durante la instrucción, la madre aportó continuamente los relatos de su hijo, incluyendo una declaración en la que el niño aseguró que su padre lo filmaba o le fotografiaba los genitales. Señaló que la primera evaluación no permitió una Cámara Gesell inmediata por la edad del niño, y que esa entrevista especializada se realizó aproximadamente en 2024, un año después.
La causa pasó por varios fiscales. Inicialmente estuvo a cargo del ex fiscal Martín Govetto, especializado en violencia de género; luego pasó al fiscal Gerardo Miranda a finales de 2023, y finalmente fue asumida por la fiscal Romina Ortiz cuando ya se preparaba el juicio.
La madre cuestionó la realización de la Cámara Gesell en 2024, describiéndola como insuficiente y con preguntas que, según su percepción, resultaron inducidas y centradas en su figura. También relató haber sufrido diversas formas de revictimización y ataques a su credibilidad durante el proceso.
Fueron años de desgaste personal y económico para la mamá, aunque logró mantener la custodia de los dos hijos. Informó que la tutela y los cuidados quedaron a su cargo de forma definitiva en el ámbito de familia, aunque persiste la responsabilidad parental compartida en términos legales.
Las pruebas que había aceptado la Justicia
El 13 de febrero del año pasado se elevó la causa a juicio oral por el delito de abuso sexual agravado, tras una instrucción que incluyó la Cámara Gesell, entrevistas psicológicas y estudios médicos. El juez de garantías Martín Arroyo admitió el debate.
En el expediente de elevación se detallaron las pruebas recopiladas durante la investigación y se describió la acusación contra D.E. por tocamientos impúdicos aprovechando la convivencia. Para la fiscalía, esos hechos encuadraban en abuso sexual simple agravado por el vínculo y la convivencia con el menor.
En la audiencia de admisibilidad se aceptaron las pruebas ofrecidas por la fiscalía, la querella y la defensa, conformando un extenso conjunto de testigos y documentación. Entre los elementos centrales figuraron los informes de la Cámara Gesell.
Los testigos propuestos incluyeron a la madre del niño, psicólogas, docentes, profesionales médicos y allegados a la familia; la defensa presentó peritos y personas cercanas al imputado, incluidos familiares y colegas.
Como evidencia se incorporaron, entre otros, el acta de denuncia penal, peritajes de la licenciada Andrea Maccione, la doctora Verónica Martínez y la licenciada Silvia Ceballos, actas del Hospital Zonal y un informe del Cuerpo de Investigación Forense (CIF). También se sumaron informes propuestos por la defensa.
En diciembre pasado la defensa solicitó una probation para evitar el juicio. La jueza Romina Martini rechazó ese pedido y fijó la fecha de debate para el 27 de julio, tras analizar los argumentos y el estado del proceso.
Posteriormente, el Ministerio Público Fiscal emitió un dictamen favorable a la suspensión del juicio a prueba solicitado por la defensa, postura que fue impugnada por la querella y revisada judicialmente. La jueza Martini consideró que aquel dictamen evidenciaba una valoración equivocada de la fortaleza probatoria y no ponderó adecuadamente la vulnerabilidad del niño ni el avance del proceso.
El nuevo obstáculo
Seis meses más tarde, cuando el juicio ya estaba próximo, el fiscal Miranda fue apartado del expediente y la causa quedó en manos de Ortiz, quien a menos de un mes de la fecha fijada decidió desistir de la acusación.
La abogada que representa a la madre manifestó que siempre existió el compromiso por parte del Ministerio Público Fiscal de acompañar a la querella durante el debate, dada la complejidad del caso, que involucra presunto abuso intrafamiliar de un niño de tres años.
La letrada relató que la fiscal la convocó para informarle que la fiscalía se apartaría de la acción penal y que esperaba que la querella firmara el desistimiento, lo que implicaría su conformidad con la decisión.
La abogada rechazó esa postura y afirmó que correspondía que la fiscalía comunicara personalmente a la víctima y a su familia las razones del desistimiento, por respeto al proceso y a la víctima.
La defensa de la madre presentó con urgencia pedidos de revisión ante el fiscal jefe Martín Lozada y el juez Arroyo, ya que en agosto vence el plazo de tres años que establece el Código Procesal Penal de Río Negro como límite para que una persona permanezca sometida a proceso; de cumplirse ese plazo, la causa podría caer.
Por ese motivo, y pese al retiro de la fiscalía, la madre y su abogada concurrirán al debate para sostener la acusación particular.
Los argumentos de la Fiscalía para no acusar
En el escrito que la fiscal Ortiz remitió al juez Arroyo, sostuvo que faltan pruebas suficientes y solicitó que la prosecución del caso quede a cargo únicamente de la acusación particular, sin afectar la validez ni los derechos procesales ya adquiridos.
Ortiz explicó que realizó un nuevo análisis integral de la evidencia reunida y concluyó que no existen, en su criterio, elementos de convicción que permitan sostener la acusación pública ante el tribunal oral conforme a los estándares legales y constitucionales vigentes.
La fiscal recordó que tanto el Ministerio Público Fiscal como la querella habían formulado acusaciones que fueron sometidas al control jurisdiccional y admitidas para apertura a juicio, y reconoció que el MPF había sostenido previamente la hipótesis acusatoria.
No obstante, tras el reexamen, la fiscal consideró que no puede afirmar que el material probatorio permita sostener una expectativa razonable de condena y por ello desistió de continuar con la acusación pública.
Ante este escenario, la querella pidió a la Procuración que se realice un examen integral del desistimiento de la fiscal Ortiz, que se revoque la decisión por falta de fundamentación y que el expediente sea reasignado a los fiscales que inicialmente sostuvieron la acusación o a quien disponga la jefatura.
