En la investigación por la muerte de una nutria en Bahía Blanca, el secretario de la Fiscalía General, Santiago Garrido, informó que la revisión de los teléfonos de Juan Bautista Bravo e Imanol Santerre aportó “información parcial” relevante para la causa.
Del análisis forense se recuperó el video original y completo del ataque, filmado a principios del mes pasado. Antes de este hallazgo, circulaban en redes fragmentos de la grabación que motivaron el inicio de la investigación penal.
Garrido confirmó que el video íntegro fue hallado en el teléfono de Bravo y señaló que esa prueba permite corroborar los elementos que ya se tenían y asegurar su incorporación al expediente sin posibilidades de cuestionamiento por parte de la defensa.
Ante la hipótesis de la participación de terceras personas, los peritos no encontraron en los dispositivos mensajes dirigidos a otros implicados. Los investigadores sospechan que alguien podría haber trasladado la nutria muerta desde el lugar del hecho, pero por ahora no existen pruebas que lo acrediten.
Antes de abrir los equipos, Garrido había señalado que buscaban comunicaciones con personas que, según versiones, acudieron la mañana del sábado a retirar el cuerpo del animal momentos antes de la llegada de la Policía Ecológica para el traslado y la autopsia.
Según informó La Nueva, ante la ausencia de indicios en los teléfonos, en los próximos 15 días los dispositivos serán sometidos a un peritaje más profundo mediante el sistema UFED (Universal Forensic Extraction Device) con el objetivo de intentar recuperar mensajes eliminados que puedan aportar información sobre un posible encubrimiento.
Los peritajes también revelaron que los acusados recibieron más de tres mil amenazas tras la viralización del video. La Brújula 24 consignó que este hallazgo dará origen a una causa paralela, que todavía debe ser asignada a otra fiscalía.
En esa nueva investigación se intentará identificar a los autores de las amenazas y determinar si los mensajes configuran delitos. Los especialistas analizarán el contenido, las cuentas emisoras y la gravedad de cada intimidación.
La apertura de la causa por amenazas fue solicitada por las defensas de Bravo y Santerre, con el objetivo de que las personas que sean identificadas enfrenten las consecuencias penales correspondientes.
El Código Penal contempla que las amenazas pueden ser consideradas delitos de mayor gravedad que el maltrato animal; por ello, si se acreditan amedrentamientos, algunas personas podrían recibir sanciones más severas que las que enfrentan los acusados por la muerte de la nutria.
El caso
El sábado 6 de junio se difundió un video en el que Bravo acorraló y golpeó a una nutria en la vereda de Paraguay al 500, en Bahía Blanca. La grabación permitió identificar a Santerre como la persona que filmó la escena con un teléfono móvil.
En el registro se escucha a uno de los jóvenes decir que la iban a matar y convertir en escabeche, mientras discuten si el animal era una nutria o un carpincho. El ejemplar, de color marrón y alrededor de 60 centímetros de largo, había sido detectado días antes por el personal municipal de Zoonosis, que intentó sin éxito su rescate.
La Fundación Grupo Alianza Animal recibió el video luego de que una usuaria etiquetara a la organización para visibilizar el caso. Su presidenta, Morena Loncaric, recopiló pruebas y presentó una denuncia penal por maltrato animal seguido de muerte.
Loncaric dijo que no pudo ver el video completo por el impacto de las imágenes y remarcó que el hecho debía recibir una respuesta judicial. Tras la difusión, se multiplicaron en redes los pedidos de datos personales y domicilios de los jóvenes, por lo que la titular de la fundación entregó la información únicamente a la Policía para evitar desbordes fuera del ámbito judicial.
Los acusados cerraron sus perfiles en redes sociales y las autoridades solicitaron la colaboración de testigos presenciales, considerados piezas clave en la investigación. La fundación señaló la posible participación de más personas o testigos y sostuvo que corresponde a la Justicia determinar responsabilidades.
Por su parte, la Municipalidad de Bahía Blanca anunció que se presentará como particular damnificado y que trabaja junto al fiscal Garrido en la investigación. Desde el municipio enfatizaron que la violencia contra los animales interpela a la sociedad y requiere una respuesta firme del Estado, y que estos hechos no deben relativizarse ni naturalizarse.
