Un operativo judicial en la ciudad de Salta terminó con el secuestro de 12 automóviles, dispositivos electrónicos, documentación y otros elementos relevantes en el marco de una investigación por presuntas estafas reiteradas y operaciones irregulares con vehículos. Entre las hipótesis se evalúa que pudo tratarse de un esquema de tipo piramidal.
La pesquisa estuvo a cargo de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), que intervino tras recibir cinco denuncias de supuestas víctimas. Según los relatos, los investigados se presentaban como responsables de las empresas Gerala Foa S.R.L. y Naireibis S.R.L. y ofrecían esquemas de inversión vinculados a la compra y alquiler de vehículos o a la captación de capitales con promesas de rendimientos mensuales en dólares.
De acuerdo con las denuncias, una vez recibidos los aportes de dinero o la entrega de vehículos, los pagos dejaron de efectuarse y las garantías ofrecidas no tenían valor real. La fiscal Ana Inés Salinas Odorisio sostiene inicialmente que los investigados habrían empleado los fondos de nuevos inversores para cumplir pagos iniciales a participantes anteriores hasta que cesaron los ingresos.
Según el Ministerio Público Fiscal de Salta, este modo de operar habría ocasionado perjuicios patrimoniales por montos millonarios. En consecuencia, se ordenaron seis allanamientos en domicilios vinculados a las empresas investigadas.
Los procedimientos se desarrollaron en oficinas comerciales, viviendas particulares y un predio en la zona de Las Costitas, en San Lorenzo, donde se habría resguardado parte de la flota. Como resultado, la Unidad UDEC del Departamento de Investigaciones y Criminología del CIF incautó automóviles, equipos informáticos, documentación y el pasaporte de una de las tres personas señaladas en la causa.
Las diligencias permitieron identificar que algunos de los automóviles habrían sido utilizados para prestar servicios en plataformas de transporte y que, en ciertos casos, fueron trasladados a otras provincias para dificultar su localización.
En paralelo, las autoridades investigaron los frecuentes viajes de los imputados entre Salta, Buenos Aires y destinos internacionales como Brasil, Chile y Portugal. Estos desplazamientos motivaron que la fiscal solicitara medidas destinadas a evitar riesgos procesales.
Por ello, Salinas Odorisio requirió ante el Juzgado de Garantías N° 2 del distrito Centro, a cargo del juez Ignacio Colombo, la inmovilización de las cuentas bancarias vinculadas a los sospechosos y a sus sociedades. También pidió la detención de dos de los investigados y la prohibición de salida del país para los tres involucrados.
Las actuaciones se encuentran actualmente bajo secreto de sumario. Mientras tanto, se analiza la documentación secuestrada, se amplía la investigación sobre los movimientos financieros y se procura determinar la posible existencia de otras personas damnificadas por el presunto esquema.
Ofrecía puestos en el Poder Judicial de Salta y cobraba $40.000
Un hombre fue imputado por estafas reiteradas en la provincia de Salta, acusado de engañar a más de cien personas mediante falsas ofertas de empleo en el Poder Judicial. Según la UDEC, el imputado prometía cargos de secretaria en la Ciudad Judicial a cambio de dinero y de documentación personal.
El acusado se presentó como licenciado en Psicología y afirmó trabajar en esa área. Con esa identidad, ofrecía gestionar el ingreso laboral de las postulantes y solicitaba el pago de 40.000 pesos para tramitar certificados de antecedentes.
Además, pedía a las denunciantes su currículum vitae, fotografías tipo carnet, estudios médicos y otros documentos personales, supuestamente para integrar un legajo de ingreso. La oferta se difundía principalmente por redes sociales y WhatsApp, con amplia circulación.
Tras entregar el dinero y la documentación, las víctimas recibían comunicaciones en las que se reprogramaban una y otra vez entrevistas, exámenes psicotécnicos y estudios pre-ocupacionales, incluso con turnos en hospitales. La postergación sistemática alertó a las afectadas.
El engaño se descubrió cuando las denunciantes consultaron en el área de recursos humanos del Poder Judicial y en otros organismos y constataron que no existía convocatoria alguna y que el supuesto empleado no formaba parte de la institución.
En representación de la UDEC, el auxiliar fiscal Pablo Nieva formalizó la imputación en audiencia. El acusado, asistido por un defensor oficial, se negó a declarar y no respondió a las preguntas de la Fiscalía.
Por medio de su defensa, solicitó que la causa fuera derivada a mediación penal. No obstante, la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio encuadró provisoriamente los hechos como estafas reiteradas en cuatro hechos en concurso real, al considerar que el imputado empleó maniobras engañosas para inducir a error a las víctimas, obtener dinero y causarles un perjuicio patrimonial. La investigación se inició a partir de denuncias presentadas entre mayo y junio de este año.
Entre las pruebas reunidas figuran las denuncias de las afectadas, la documentación aportada por ellas, conversaciones por WhatsApp, un informe del Banco Central de la República Argentina y publicaciones oficiales del Poder Judicial de Salta.
Tras la difusión del caso, desde el Poder Judicial de Salta advirtieron que los estafadores utilizaban correos electrónicos con asuntos como “notificación extrajudicial”, “intimación digital”, “aviso de despacho emitido, responda a la brevedad” o referencias a un supuesto “tribunal regional de trabajo”.
Como los mensajes provinieron de cuentas con dominios ajenos a dependencias oficiales, por ejemplo “@libero.it”, fue posible detectar el fraude. El imputado incluso ofrecía facilidades de pago para el desembolso inicial de los 40.000 pesos.
Por este motivo, las autoridades recomendaron no abrir correos de dominios no oficiales ni acceder a los enlaces incluidos, ya que podrían usarse para el robo de datos personales o la infección de dispositivos. Asimismo, instaron a desconfiar de cualquier pedido de dinero para iniciar trámites laborales y a verificar las ofertas de empleo únicamente a través de los canales oficiales de cada organismo.
