El movimiento huti, tambien conocido como Ansar Allah, condeno a muerte a 17 personas por cargos de espionaje a favor de potencias extranjeras y sentencio a otras dos a diez anos de prision; uno de los acusados fue absuelto. El Tribunal Penal Especializado de Sana, bajo control huti, difundio la decision a traves de la agencia Saba, vinculada al grupo.
La sentencia describe una presunta red que, segun los jueces Yahya al Mansur y Rabie al Zubair, opero entre 2024 y 2025 con apoyo de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, Israel, Reino Unido y Arabia Saudita. El tribunal atribuye a los acusados el uso de comunicaciones cifradas y la instalacion de camaras ocultas conectadas a transmisiones en directo.
El fallo indica que los implicados facilitaron informacion sobre la ubicacion de dirigentes huties, sus desplazamientos y posiciones militares sensibles, asi como datos sobre misiles, depositos de proyectiles y puntos de lanzamiento, y que habrian recibido pagos en efectivo a cambio.
Ansar Allah ejerce un control solido sobre Sana y amplias zonas del norte de Yemen desde 2014. En ese periodo, su aparato de seguridad ha denunciado en varias ocasiones la existencia de redes de espionaje supuestamente vinculadas a paises occidentales y a la coalicion liderada por Riad. Reuters informo en junio de 2024 que tribunales huties impusieron 44 condenas a muerte en otro caso relacionado con Arabia Saudita.
El sistema judicial bajo control huti suele ser objeto de criticas de organismos internacionales. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos documento testimonios previos sobre detenciones arbitrarias, torturas y confesiones obtenidas bajo coaccion. En 2019, esa oficina pidio la revision de varias penas de muerte dictadas por tribunales huties y advirtio sobre graves violaciones del debido proceso.
El movimiento huti acusa con frecuencia a organizaciones internacionales de actuar como cobertura para labores de inteligencia. En octubre de 2025, la ONU considero “infundadas” las acusaciones huties que vinculaban a empleados humanitarios con actividades de espionaje.
Los gobiernos mencionados en el caso no emitieron comentarios inmediatos sobre la sentencia. Washington, Londres y Riad suelen evitar pronunciarse publicamente sobre procesos judiciales en territorios sin reconocimiento internacional, mientras que Israel guardo silencio respecto a sus operaciones en Yemen pese a las tensiones recientes.
El contexto militar aumenta la presion: los huties intensificaron sus ataques con drones y misiles en apoyo de la causa palestina desde 2023 y se enfrentan con regularidad a bombardeos de la coalicion saudi y a ataques atribuidos a Israel. Ese escenario eleva las sospechas de espionaje y las medidas de seguridad internas.
El recurso a ejecuciones publicas se integra en la estrategia de control social que atribuyen diversos informes a los huties. Human Rights Watch y Amnistia Internacional han documentado un aumento de sentencias capitales en las zonas bajo su dominio desde el inicio del conflicto, cuestionando las garantias procesales y advirtiendo sobre el uso de las condenas con fines politicos.
La guerra civil en Yemen sigue fragmentando el pais entre multiples centros de poder. Las condenas anunciadas en Sana ilustran el alcance del aparato de seguridad huti y su intencion de proyectar autoridad en medio de un conflicto que, segun Naciones Unidas, ha generado una de las peores crisis humanitarias del mundo.
