La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó este lunes, al presentar su informe sobre la situación de los derechos humanos en Guatemala, que el país experimenta un marcado deterioro institucional, caracterizado por la cooptación del sistema de justicia y el uso generalizado de mecanismos de criminalización contra voces críticas.
La comisionada Andrea Pochak, relatora de la CIDH para Guatemala, explicó que el informe identifica el “debilitamiento de la institucionalidad democrática y la independencia judicial” como el eje central del análisis. Según Pochak, Guatemala afronta “serias amenazas a la gobernabilidad y al Estado democrático de derecho”.
La relatora atribuye estas amenazas al control de determinadas instituciones estatales por parte de redes de poder político y económico articuladas para preservar intereses privados y garantizar condiciones de impunidad.
El documento de la CIDH describe un “grave deterioro del sistema de justicia”, que no solo no cumple su función de tutela judicial efectiva, sino que además se utiliza para criminalizar a quienes reclaman acceso a derechos o la rendición de cuentas, detalló Pochak.
Expansión de la criminalización y uso selectivo del sistema penal
En sus comienzos, esta estrategia se dirigió a operadores de justicia y a exfuncionarios de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), pero luego se expandió a un amplio espectro social: comunidades indígenas, campesinos, periodistas, defensores de derechos humanos e incluso autoridades estatales. El informe concluye que la criminalización se ha consolidado como una práctica extendida.
Pochak enfatizó que el Ministerio Público (MP) ha sido “cooptado y desmantelado para operar como un instrumento de persecución selectiva”, señalando el uso de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) para proteger el statu quo y perseguir a quienes lo cuestionan.
Entre los hallazgos relevantes, la CIDH identificó también connivencia entre los poderes Legislativo y Judicial, una profundización de la impunidad y la obstrucción de los procesos de justicia transicional vinculados al conflicto armado interno.
El informe aborda además los desafíos persistentes en materia de pobreza y desigualdad, con especial énfasis en las dificultades que enfrentan los pueblos indígenas para ejercer sus derechos territoriales, situación que ha derivado en desalojos forzosos y en la criminalización de sus reclamaciones.
Recomendaciones urgentes
Ante este panorama, la Comisión presentó 43 recomendaciones al Estado de Guatemala. Entre ellas, subraya la necesidad de impulsar reformas estructurales para garantizar la independencia judicial, detener el uso indebido del sistema penal y revisar a fondo el funcionamiento del Ministerio Público.
“Para la Comisión Interamericana es urgente restablecer la institucionalidad derivada de los acuerdos de paz”, destacó Pochak.
El informe fue elaborado con una metodología estricta, que incluyó una visita in situ, el análisis de audiencias públicas y más de 48 encuentros con representantes de los tres poderes del Estado y de la sociedad civil.
(Con información de EFE)
