La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió este lunes, en la presentación de su informe sobre la situación de los derechos humanos en Guatemala, sobre un profundo deterioro institucional caracterizado por la cooptación del sistema judicial y el uso generalizado de mecanismos de criminalización contra voces críticas.
La comisionada Andrea Pochak, relatora de la CIDH para Guatemala, señaló que el informe sitúa el “debilitamiento de la institucionalidad democrática y la independencia judicial” como el eje central del análisis. Según Pochak, el país enfrenta “serias amenazas a la gobernabilidad y al Estado democrático de derecho”.
La relatora atribuyó estas amenazas al control de determinadas instituciones estatales por parte de redes de poder político y económico organizadas para preservar intereses privados y garantizar condiciones de impunidad.
El documento de la CIDH destaca el “grave deterioro del sistema de justicia”, que no solo deja de cumplir con su función de tutela judicial efectiva, sino que además se utiliza para criminalizar a quienes exigen derechos o rendición de cuentas, explicó Pochak.
Expansión de la criminalización y uso selectivo del sistema penal
En un primer momento, esta estrategia se dirigió contra operadores de justicia y exfuncionarios de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), pero con el tiempo se amplió a un amplio sector social: comunidades indígenas, campesinos, periodistas, defensores de derechos humanos e incluso autoridades estatales. El informe concluye que la criminalización se ha consolidado como una práctica generalizada.
Pochak subrayó que el Ministerio Público (MP) ha sido “cooptado y desmantelado para operar como un instrumento de persecución selectiva”, poniendo como ejemplo el uso de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) para blindar el statu quo y perseguir a quienes lo cuestionan.
Entre los hallazgos relevantes, la CIDH también identificó connivencia entre los poderes Legislativo y Judicial, un aumento de la impunidad y obstáculos a los procesos de justicia transicional vinculados al conflicto armado interno.
El informe aborda además los problemas persistentes de pobreza y desigualdad, con especial atención a las condiciones adversas que enfrentan los pueblos indígenas para ejercer sus derechos territoriales, situación que ha derivado en desalojos forzosos y nueva criminalización.
Recomendaciones urgentes
Frente a este panorama, la Comisión presentó 43 recomendaciones al Estado de Guatemala. Entre ellas, destaca la necesidad de impulsar reformas estructurales que garanticen la independencia judicial, frenen el uso indebido del sistema penal y revisen a fondo el funcionamiento del Ministerio Público.
“Para la Comisión Interamericana es urgente restablecer la institucionalidad derivada de los acuerdos de paz”, enfatizó Pochak.
El informe fue elaborado mediante una metodología rigurosa que incluyó una visita in situ, el análisis de audiencias públicas y más de 48 reuniones con representantes de los tres poderes del Estado y de la sociedad civil.
(Con información de EFE)
