La relación entre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y el Gobierno Nacional sigue siendo tensa. No obstante, Daniel Vitolo, titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), aseguró: “Nadie está pensando en el Poder Ejecutivo intervenir la AFA”.
“La Inspección de Justicia no está decidida ni tampoco está pensando, ni siquiera considerando recomendar una intervención y tampoco lo está pensando el ministro de Justicia. Así que es un escenario que hay que descartar”, puntualizó Vitolo en comunicación con Radio Rivadavia.
Al mismo tiempo, el funcionario aclaró que la AFA continúa sujeta al control de la IGJ porque no completó los trámites legales necesarios para trasladar su sede fuera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Vitolo explicó que, aunque la AFA resolvió en una asamblea mudar su sede a la provincia, esa decisión no tiene validez hasta que se reforme el estatuto, se obtenga la aprobación de la IGJ y se concreten todos los procedimientos administrativos, incluida la notificación a la jurisdicción original. “La AFA sigue estando bajo mi órbita, a pesar de lo que la AFA dice”, afirmó.
El titular de la IGJ detalló que la entidad no presentó ante el organismo el estatuto modificado ni regularizó la inscripción de su última comisión directiva. La asamblea, que anticipó por un año la renovación de autoridades por un período de cinco años, fue impugnada por la IGJ y está judicializada, a la espera de un pronunciamiento de la Corte Suprema.
Vitolo señaló además que la AFA arrastra deudas informativas con la IGJ desde 2017 por inconsistencias en sus estados contables. “Han colocado en una serie de partidas globales sumas ideales sin abrirlas”, dijo, y añadió que la entidad no respondió los pedidos de aclaración sobre el destino de esos fondos.
El funcionario indicó que la AFA parece buscar iniciar una nueva etapa en la provincia de Buenos Aires para dejar atrás las observaciones pendientes, pero advirtió que eso no será posible sin cumplir las exigencias legales. “No vamos a permitir que se vaya de la jurisdicción sin explicar esto”, subrayó. También mencionó que la AFA celebró asambleas fuera de la jurisdicción de la IGJ y afirmó públicamente que ya estaría bajo la fiscalización de la Dirección de Personas Jurídicas de la provincia de Buenos Aires, algo que, en su opinión, “legalmente no es posible”.
Posibles escenarios a futuro
Sobre la posibilidad de una intervención, Vitolo describió tres escenarios legales. El primero, en el ámbito de la IGJ, podría activarse si se comprobara una violación grave de la ley, del estatuto o del reglamento, lo que habilitaría a recomendar la intervención al ministro de Justicia de la Nación; sin embargo, señaló que el Poder Ejecutivo no está considerando esa opción en este momento.
El segundo escenario correspondería al fuero penal, donde un juez podría adoptar medidas para preservar bienes y pruebas en el marco de investigaciones penales, por ejemplo por lavado de dinero. El tercero es de naturaleza civil: un club afiliado podría solicitar la intervención judicial de la AFA ante la Justicia Civil Ordinaria de la Ciudad de Buenos Aires si considera que la institución está en riesgo por la actuación de sus administradores. Las intervenciones pueden ir desde la designación de un veedor informante hasta la intervención plena con desplazamiento de autoridades.
Polémica por los balances de la AFA
Vitolo recordó que la IGJ funciona con una ley de 1980 y un decreto reglamentario de 1982, lo que acota sus facultades frente a los estados contables. En estos casos, el organismo puede no aprobar los balances y aplicar multas, pero no dispone de atribuciones para intervenir una asociación civil exclusivamente por la falta de aclaración de partidas, siempre que los estados contables hayan sido presentados. “La AFA tiene ocho años de estados contables sin aprobar”, precisó, señalando que la primera observación data de 2017 y la última de 2024.
Entre las partidas cuestionadas mencionó gastos de administración y gestión por 18 millones de dólares; pagos globales al Colegio de Árbitros y a la Escuela Técnica por 3,5 millones; gastos de selecciones nacionales por 44 millones; y aportes y subsidios a la FIFA y a la Confederación Sudamericana por 12,5 millones. “La AFA tiene que explicar gastos por ciento once millones de dólares”, enfatizó, y aclaró que no se está afirmando un uso indebido de fondos, sino que es necesario conocer la composición de esas partidas para poder aprobar los balances.
Una situación similar se observa en la Superliga Profesional del Fútbol Argentino, la asociación civil vinculada a la AFA constituida en 2017 para la comercialización de derechos televisivos. Vitolo indicó que la Superliga debe justificar 348 millones de dólares y que en los estados contables de 2020 figura un rubro de “rendiciones a clubes” por 72 millones de dólares sin especificar el destino de esos fondos. “¿Cómo puedo hacer yo un control de cruzamientos si no me dicen qué recibió qué club?”, preguntó.
Vitolo advirtió que la modificación del objeto social de la Superliga para enfocarse casi exclusivamente en la comercialización de derechos podría desnaturalizar su carácter de asociación civil sin fines de lucro, aunque desde 2015 el Código Civil admite ciertos fines de lucro secundarios. La IGJ señaló estas observaciones, la Superliga hizo ajustes estatutarios, pero persisten dudas sobre la transparencia de sus operaciones.
