3 de diciembre de 2025
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Detienen a piloto de TC Diego De Carlo por evasión impositiva agravada

El expiloto y actual titular de un equipo del Turismo Carretera, Diego De Carlo, fue detenido esta semana en el marco de una investigación que indaga un presunto esquema de evasión fiscal y ocultamiento de bienes.

¿Qué se investiga?

La causa se inició tras una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, ex AFIP), que detectó irregularidades en una empresa vinculada al comercio de materiales de construcción, considerada parte de la estructura societaria en investigación. Según la pesquisa, entre 2018 y 2022 se registraron maniobras destinadas a evadir el IVA y el Impuesto a las Ganancias.

La hipótesis fiscal sostiene que la organización omitió declarar ventas gravadas y utilizó sociedades y empresas pantalla para disimular operaciones reales. En el marco del operativo se efectuaron 32 allanamientos simultáneos en domicilios, oficinas, estudios jurídicos y comercios, lo que derivó en la detención de al menos nueve personas, entre ellas De Carlo, y en el cierre preventivo de locales vinculados.

Quién es Diego De Carlo

De Carlo es un piloto con larga trayectoria en el Turismo Carretera, con más de 250 competencias disputadas, y actualmente figura como responsable del equipo LRD Performance. La investigación lo vincula con el supuesto entramado de evasión y ocultamiento patrimonial, motivo por el cual fue detenido como parte del grupo investigado.

Implicancias del caso

El caso impacta en el ámbito del automovilismo nacional: además de afectar la imagen de una figura del TC, pone el foco en la posible participación de actores vinculados al deporte en maniobras de evasión fiscal. La investigación también apunta a la llamada “confusión patrimonial”, es decir, la mezcla entre bienes de origen lícito y activos provenientes de actividades ilícitas, lo que agrava la situación de los involucrados.

La Justicia analiza los bienes secuestrados —vehículos, documentación contable y societaria— para cuantificar el perjuicio fiscal y determinar si corresponde avanzar con procesamientos, embargos u otras medidas cautelares.

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