La junta militar que gobierna actualmente Burkina Faso ha presentado un proyecto de ley para reintroducir la pena de muerte, dirigido a delitos como la alta traición, el terrorismo y el espionaje.
El anuncio se hizo tras una reunión del Consejo de Ministros y constituye uno de los principales cambios legislativos propuestos por el Gobierno de transición, encabezado por el capitán Ibrahim Traoré.
El ministro de Justicia, Edasso Rodrigue Bayala, afirmó que la iniciativa forma parte de una reforma integral del sistema judicial destinada a responder “a profundas aspiraciones del pueblo”, según los canales oficiales del Ejecutivo.
La propuesta contempla modificar el Código Penal vigente, que desde 2018 no incluía la pena capital entre sus sanciones.
Su entrada en vigor dependerá de la aprobación de la Asamblea Legislativa de Transición, que sustituyó a la Asamblea Nacional tras el golpe de Estado de 2022. Según Human Rights Watch, la última ejecución registrada en el país data de 1988.
La abolición formal de la pena de muerte en Burkina Faso se aprobó en mayo de 2018, cuando la Asamblea Nacional, bajo el mandato del entonces presidente Roch Marc Christian Kaboré, eliminó esa sanción máxima.
Human Rights Watch señaló que aquella decisión respondió a recomendaciones internacionales que promovían una moratoria global sobre la pena capital.
El nuevo proyecto de ley se presenta en un contexto de inseguridad persistente. Voces del sistema judicial y miembros de la sociedad civil consultados por medios locales indicaron que el principal argumento para la restauración es el aumento de delitos vinculados al terrorismo.
Desde 2016, las fuerzas armadas de Burkina Faso enfrentan a grupos islamistas vinculados a Al Qaeda y al Estado Islámico en el Gran Sahara.
En ese periodo, la ONG Armed Conflict Location and Event Data (ACLED) registró más de 26.000 muertes, con un incremento notable tras la instauración del régimen militar en septiembre de 2022, etapa en la que se contabilizaron alrededor de 15.500 víctimas fatales.
La iniciativa de restablecer la pena capital forma parte de un proceso de endurecimiento legislativo: en septiembre la Asamblea Legislativa de Transición aprobó por unanimidad una ley que penaliza las prácticas homosexuales con penas de hasta cinco años de prisión, en línea con medidas adoptadas en otros países africanos. Actualmente, cerca de 30 países del continente mantienen la homosexualidad tipificada como delito.
Organizaciones de derechos humanos consideran que la posible reintroducción de la pena de muerte supondría un retroceso en la protección de garantías fundamentales.
Con este debate, Burkina Faso afronta una encrucijada legal y política compleja y se suma a otros países que han endurecido las penas en contextos de conflicto interno armado.
(Con información de Europa Press)
