El presidente Javier Milei firmó el decreto que convoca a sesiones extraordinarias entre el 10 y el 30 de diciembre. Durante ese período, el oficialismo de La Libertad Avanza intentará sancionar el Presupuesto 2026 y poner en marcha las gestiones administrativas necesarias para comenzar los debates en comisión de las reformas impulsadas desde el Poder Ejecutivo.
El anuncio lo realizó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien informó que el decreto incluirá el Presupuesto 2026, la Ley de Inocencia Fiscal, la reforma laboral (o Ley de Modernización Laboral), la reforma tributaria, la modificación de la Ley de Glaciares (con cambios en otras normativas), la reforma del Código Penal y el proyecto de Ley de Libertad Educativa.
La convocatoria se publicará en el Boletín Oficial el martes 9 de diciembre. Ese mismo día, se espera que el Consejo de Mayo —el organismo creado por el Gobierno para debatir varias de las reformas contempladas en el Pacto de Mayo— realice una conferencia en la Casa Rosada para presentar los proyectos oficiales. Hasta entonces, el oficialismo sostiene que los borradores y anteproyectos no son oficiales.
La definición detallada del Presupuesto 2026 dependerá exclusivamente de las decisiones de Javier Milei, del ministro de Economía, Luis Caputo, y del secretario de Hacienda, Carlos Guberman: en particular, de cuánto del superávit fiscal están dispuestos a reasignar para conseguir los votos necesarios, incluidos los de los gobernadores.
El Gobierno ya mantuvo reuniones con 18 de los 20 mandatarios provinciales que fueron invitados a la Casa Rosada tras las elecciones. Adorni y el ministro del Interior, Diego Santilli, registraron los pedidos de cada gobernador, aunque no todos recibirán el mismo trato ni las mismas respuestas.
Se priorizarán a quienes fueron aliados electorales o aportaron apoyos legislativos a La Libertad Avanza; a quienes “hayan cumplido los deberes en materia fiscal en sus distritos”; y a los gobernadores que cuentan con una masa de legisladores propia que haga necesario otorgarles concesiones por encima del promedio. En ese grupo figuran, entre otros, Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Raúl Jalil (Catamarca) y Hugo Passalacqua (Misiones).
La Casa Rosada considera que este año es imprescindible obtener la aprobación del presupuesto, a diferencia de los dos años anteriores cuando se recurrió a prórrogas del proyecto de 2023 y a contenciones del gasto para alcanzar el objetivo de déficit cero. Tanto sectores de la oposición como actores económicos, incluido el Fondo Monetario Internacional (FMI), reclaman la ratificación de la ley de leyes.
Por la relevancia de estas iniciativas, el oficialismo planea convocar a los jefes de bloque en Diputados y en el Senado; esa invitación podría extenderse también a los gobernadores.
El Presupuesto llegará acompañado de dos iniciativas complementarias: la Ley de Inocencia Fiscal, destinada a incentivar que los ahorristas formalicen los “dólares del colchón”, y una propuesta de regla fiscal que impida aprobar incrementos presupuestarios sin explicar su financiamiento.
Pese al intento del Gobierno de mantener la reforma laboral en reserva, circularon versiones aproximadas de su contenido antes de su presentación, que se espera para el martes siguiente. Estas filtraciones anticipan los ejes generales que incluirá la reformulación.
Se prevén dos grandes grupos de cambios en materia laboral. El primero implica modificaciones a la Ley de Contrato de Trabajo, con especial atención en eliminar las llamadas “zonas grises” que influyen en los montos de las indemnizaciones.
Se introducirán cambios en los requisitos para acreditar la existencia de un “daño” por parte del trabajador, con el objetivo de limitar la posibilidad de que los jueces aumenten las sumas a cargo de las empresas en casos de despido; los equipos del proyecto sostienen que será el trabajador quien deba demostrar el daño.
Asimismo, se propone modificar el principio de “ultraactividad”, que extiende la vigencia de convenios vencidos, y admitir la “prelación”, de modo que un acuerdo laboral de alcance reducido (por empresa, municipio o provincia) tenga prioridad sobre uno general que cubra toda la actividad.
La propuesta del espacio libertario para la reforma penal estará compuesta por más de 900 artículos y busca intensificar la política criminal, dotando a los magistrados de herramientas procesales y, según sus promotores, evitando “arbitrariedades” en la evaluación de causas. Prevén una actualización de las penas para delitos graves como homicidios, robos, narcotráfico, pornografía infantil y trata de personas.
En la redacción preliminar se contempla que las penas se cumplan efectivamente en alrededor del 82% de los delitos y se elevan los mínimos sancionatorios en una relación estrecha con el tipo de delito y el daño causado. La posibilidad de declarar la imprescriptibilidad de delitos de corrupción fue analizada pero finalmente no figura en esta versión. La Casa Rosada baraja la creación de una comisión bicameral para acelerar y unificar el dictamen y así evitar modificaciones y demoras en su tratamiento.
La modificación penal no tendrá, según el Gobierno, la misma prioridad que la reforma tributaria. Esta última podría incluir la creación de un “Súper IVA”, mediante la cual las provincias recaudarían una porción del impuesto, compitiendo entre sí para atraer inversiones.
De forma similar, la modificación de la Ley de Glaciares busca que cada provincia pueda definir desde qué distancia de zonas periglaciares se permite la actividad minera. A esa reforma se proyecta sumar cambios en la Ley de Promoción Minera y en la Ley de Tierras, con el objetivo de limitar la compra de tierras por parte de inversores extranjeros.
El proyecto de Ley de Libertad Educativa se centra en la educación obligatoria (nivel inicial, primario y secundario), que corresponde a las provincias. Plantea que cada distrito pueda decidir la implementación de “formas alternativas de enseñanza”, como la educación en el hogar, además de habilitar la educación híbrida y a distancia sin establecer una edad mínima. Los alumnos educados en casa podrían acreditar sus aprendizajes mediante exámenes periódicos. Asimismo, autoriza a las provincias a ofrecer enseñanza religiosa confesional en escuelas públicas de forma optativa y fuera del horario escolar.
El próximo llamado a sesiones extraordinarias se realizará en la segunda quincena de enero y se extendería hasta fines de febrero, pocos días antes de la Apertura de Sesiones en el Congreso.
