A casi un mes de la condena a Marcela Acuña por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, la jueza de la Cámara del Crimen N.o 2 de Chaco, Dolly Fernández, ordenó que la dirigente política pierda los tratos especiales que había recibido durante el juicio oral.
La resolución, anunciada el sábado, dispone que la condenada comience a cumplir un régimen de detención común, lo que la igualará al resto de las internas en cuanto a condiciones de reclusión.
Hasta ese momento, Acuña había sido trasladada a un pabellón con acceso a actividades y condiciones que no estaban disponibles para todas las personas condenadas. La jueza además solicitó al Servicio Penitenciario que garantice el cuidado de la detenida.
Según publicó Diario Chaco, Fernández subrayó la necesidad de respetar “condiciones de seguridad, trato digno y resguardo físico, psíquico y emocional” y fundamentó su decisión en que el habeas corpus correctivo busca asegurar condiciones humanas de detención, pero no otorgar privilegios.
La magistrada estuvo también a cargo de evaluar las responsabilidades penales de los acusados por el crimen ocurrido en junio de 2023. Aún resta determinar la cantidad de años que deberán cumplir cada uno de los seis condenados.
En el caso de César Sena, el jurado popular lo consideró autor material del femicidio de Cecilia, acreditando que la asesinó en la casa de sus padres, la envolvió en una manta y la dejó oculta en otra habitación. Fiscalía y querella habían pedido prisión perpetua.
Fernández concluyó que Marcela Acuña y Emerenciano Sena fueron partícipes necesarios en la comisión del delito, mientras que Gustavo Obregón, Fabiana González y Gustavo Melgarejo fueron encontrados responsables de encubrimiento y las partes solicitaron para ellos penas menores.
Finalizadas las audiencias de cesura, la jueza tiene un plazo de quince días hábiles para dictar la sentencia; sin embargo, la feria judicial —que va del 24 de diciembre al 31 de enero— podría retrasar la resolución hasta el año siguiente.
La magistrada explicó a la prensa que la notificación de la fecha de lectura de la sentencia se hará mediante el sistema informático SIGI, y aclaró que la decisión sobre la eventual suspensión de plazos corresponde al Superior Tribunal de Justicia, que suele pronunciarse antes del receso.
Fuentes judiciales consultadas indicaron que, hasta el momento, no hay una determinación oficial ni sobre la fecha de la sentencia ni sobre la suspensión de términos y audiencias. La jueza expresó su deseo de resolver antes de fin de año: “Quisiera que (la resolución) sea este año. En principio, tengo quince días hábiles”.
Fernández añadió que, si hay suspensión de términos y audiencias, esos días no se cuentan como hábiles y por tanto el plazo podría trasladarse al año próximo, aunque sostuvo que la posibilidad de demora no la obliga a esperar.
La última audiencia de cesura concluyó el viernes 28 de noviembre, pasada la 14.30, cuando la jueza escuchó las últimas intervenciones de los acusados antes de la sentencia. Los integrantes del clan Sena solicitaron no ser trasladados fuera de Resistencia.
César Sena dijo que adhiere a lo expresado por su defensa y reservó los recursos de casación; pidió, además, no ser movido del alojamiento actual por tener a toda su familia en la ciudad y por razones personales.
Emerenciano Sena participó por Zoom junto a su hijo y reclamó que no lo trasladen porque ese alojamiento es el más cercano a sus familiares y quienes le traen sus medicamentos. Afirmó sentirse condenado injustamente y dijo: “Solicito eso, trasladarme a cualquier otro lugar sería una pena de muerte. Y no se olviden que yo soy un inocente condenado”.
Marcela Acuña expuso extensamente y pidió que se considere la situación de su esposo, sosteniendo que fue condenado sin pruebas contundentes. Criticó que se haya utilizado un “jurado no técnico” y cuestionó la validez de las pruebas que, según ella, no serían aceptables ni para un estudiante de Derecho.
En el mismo sentido, Acuña rechazó la legitimidad de una condena a cadena perpetua para Emerenciano, mencionando que se lo condenó por una esquela y un audio de baja comprobabilidad, y sostuvo que su esposo no debería merecer esa pena.
Por su parte, Melgarejo, González y Obregón solicitaron la posibilidad de volver con sus familias y reintegrarse a la vida cotidiana tras concluir el proceso judicial.
