La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) concluyó una auditoría que cuestiona gravemente el funcionamiento del PROCREAR II entre 2021 y 2023. Ese tramo del programa dependió de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Hábitat —a cargo primero de Jorge Ferraresi y luego de Santiago Maggiotti durante la gestión de Alberto Fernández— y fue desmantelado tras el Decreto 70/2025, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo. El informe, de más de 200 páginas, afirma que el mayor programa habitacional del país operó durante años sin controles suficientes para garantizar transparencia, trazabilidad, recupero y correcta aplicación de los fondos públicos.
La SIGEN resume su veredicto en términos contundentes: las tareas se desarrollaron “en un marco que presenta debilidades” y recomienda adoptar medidas para superar esas falencias. En la práctica, un programa que administró miles de millones de pesos y buscaba facilitar el acceso a la vivienda a miles de familias funcionó con procedimientos improvisados, controles deficientes y bases de datos inconsistentes.
La disolución del PROCREAR II
En noviembre de 2024 el Estado dictó el Decreto 1018/2024, que disolvió el fondo fiduciario público encargado de PROCREAR. En 2025, mediante el Decreto 70/2025, se eliminó la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda —responsable de PROCREAR II y otros programas— en el marco de una reestructuración impulsada por el Gobierno nacional.
Como consecuencia, la mayoría de los fondos y programas bajo esa Secretaría fueron cancelados y sus funciones reasignadas a otras áreas o eliminadas.
Según los comunicados oficiales y los decretos, las razones para cerrar PROCREAR II y desarmar su estructura fueron las siguientes:
La construcción estatal y el financiamiento público directo de proyectos habitacionales dejaron de considerarse una prioridad central, promoviendo que la gestión pase principalmente a provincias, municipios o al sector privado.Se argumentó que los fondos fiduciarios que administraban estos programas constituían una carga para las cuentas públicas, sobre todo ante problemas detectados en fiscalización, irregularidades, demoras en entregas y deficiencias de ejecución.También se enmarcó la decisión en una filosofía de reorganización del Estado: reducir su tamaño, eliminar duplicaciones, simplificar funciones y limitar la intervención estatal directa en vivienda.
El gobernador bonaerense Axel Kicillof cuestionó públicamente el anuncio del cierre y advirtió que la medida afectaba políticas destinadas a facilitar el acceso a la vivienda propia.
El PROCREAR (Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar) se creó el 12 de junio de 2012 mediante el Decreto 902/2012, firmado por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Ese decreto estableció el Fondo Fiduciario PROCREAR, a ser administrado por el Banco Hipotecario S.A. como fiduciario, con el propósito de otorgar créditos hipotecarios accesibles para la construcción, compra de viviendas y desarrollos urbanísticos.
Los duros cuestionamientos de la SIGEN
La auditoría apunta al núcleo operativo del programa. La ex Secretaría de Desarrollo Territorial —bajo Ferraresi y Maggiotti— estaba a cargo de la planificación, adjudicación, supervisión de obras y control del destino de los fondos. La SIGEN detectó la ausencia de manuales de procedimiento, la falta de sistemas integrados, bases de datos con duplicaciones e inconsistencias y la aprobación de desembolsos sin análisis técnico adecuado. La Dirección Nacional de Desarrollos Habitacionales no aplicaba criterios uniformes ni mantenía trazabilidad documental.
Uno de los hallazgos más graves es la inexistencia de verificaciones presenciales sistemáticas de obra. La SIGEN señala que “no existiría una política de verificaciones a beneficiarios” y que la verificación documental del avance se realizaba por parte del Banco Hipotecario S.A. sin constatar físicamente los trabajos. En la práctica se aprobaron desembolsos sin inspección en obra.
Cuando la SIGEN realizó inspecciones presenciales, confirmó irregularidades: de 79 domicilios revisados, 4 no presentaban obra alguna, varios estaban deshabitados y en otros no se habían instalado medidores de gas aunque figuraban como colocados.
A su vez, se registraron fallas en los sistemas informáticos: bases que no se comunicaban entre sí, registros duplicados y desembolsos que no se correspondían con el avance declarado. No había controles cruzados entre adjudicación, ejecución de obra y pagos. Tanto el archivo físico como el digital presentaban expedientes incompletos o extraviados y documentos sin firma electrónica.
La cronología muestra cómo se consolidaron estas falencias. PROCREAR II se reactivó en 2020. En 2021, bajo la gestión de Ferraresi, se entregaron miles de créditos y comenzaron a aparecer irregularidades. En 2022 se firmó un convenio con la UTN por $27,6 millones que la SIGEN considera incumplido; ese año también se contrataron seguros por más de $10.800 millones sin licitación. Tras la llegada de Maggiotti, esas debilidades no fueron corregidas.
Entre 2022 y 2023 la mora creció fuertemente: alcanzó 41,13% en la línea “Mejora” y 58,14% en la línea “Refacción”, con atrasos de hasta 2.066 días. El saldo impago total supera los $3.970 millones. El Banco Hipotecario reconoció que en algunas líneas no realiza gestiones activas de recuperación “salvo que el cliente tenga otros productos en mora”.
Un episodio especialmente crítico ocurrió entre septiembre y noviembre de 2023, cuando se adjudicaron 2.500 créditos hipotecarios a tasa 0% sin una previsión presupuestaria adecuada. El Estado solo liberó el 30% inicial y, posteriormente, la mayoría de las obras quedaron paralizadas. La Secretaría intentó luego reconvertir esos créditos en préstamos personales.
En el plano financiero, el fideicomiso contrató seguros por $10.840.632.505 sin licitación, con Caruso Seguros e Hipotecario Seguros. Asimismo, el convenio con la UTN por $27.678.000 prácticamente no produjo entregables relevantes más allá de material parcial.
En 2024 la SIGEN llevó a cabo las primeras verificaciones presenciales en la historia del programa y detectó irregularidades significativas. Ese mismo año la Secretaría fue desmantelada, lo que dejó muchas observaciones como “no regularizables” debido a la ausencia del organismo ejecutor. El informe final se publicó en 2025.
En ese marco, la auditoría enumera las irregularidades más relevantes que evidencian un programa de gran escala sostenido sobre una estructura institucional debilitada.
Las 10 irregularidades detectadas por la SIGEN
1) Aprobación de obras basada únicamente en documentación remitida por los beneficiarios, sin verificaciones complementarias.
2) Obras inexistentes: en 4 de 79 viviendas inspeccionadas no se constató obra alguna.
3) Mora crítica: 41,13% en la línea “Mejora” y 58,14% en “Refacción”, con retrasos superiores a 2.000 días.
4) Créditos hipotecarios adjudicados sin cobertura presupuestaria: 2.500 familias quedaron con obras paralizadas.
5) Contratación de seguros por más de $10.800 millones sin proceso competitivo.
6) Convenio con la UTN por $27,6 millones sin entregables sustantivos.
7) Bases de datos con fallas graves: registros duplicados y sistemas no integrados.
8) Selección de beneficiarios sin criterios homogéneos, con riesgo de discrecionalidad.
9) Supervisión deficiente en desarrollos urbanísticos: informes incompletos y demoras injustificadas.
10) Archivo físico y digital desordenado: expedientes extraviados y documentos sin firmas electrónicas válidas.
En total, la SIGEN observó incongruencias por $14.838.662.466,25, que incluyen cuotas impagas, seguros contratados sin compulsa y convenios incumplidos. Además advirtió que la desaparición del organismo ejecutor dificulta la revisión o regularización de amplias áreas del programa.
La auditoría concluye que PROCREAR II fue una política habitacional de gran impacto social ejecutada durante años con una estructura administrativa débil, datos inconsistentes y controles mínimos. Según la SIGEN, ese “marco de debilidades” comprometió la integridad financiera del Estado y la situación de miles de familias beneficiarias.
