El sistema penitenciario provincial atraviesa una situación crítica que evidencia falencias estructurales acumuladas y una capacidad estatal desbordada. Esta realidad afecta a las personas privadas de libertad, al personal a cargo de su custodia y a la seguridad pública en general.
Desde las instituciones se reconoce que el crecimiento sostenido de la población carcelaria no fue acompañado por ampliaciones de infraestructura ni por un aumento proporcional del personal. Esa falta de adecuación generó tensiones internas, precariedad en las condiciones laborales y un funcionamiento cada vez más vulnerable del sistema.
En Entre Ríos hay aproximadamente 2.700 internos distribuidos en ocho Unidades Penales, mientras que cerca de 800 agentes realizan tareas de seguridad directa. Esa relación entre detenidos y personal está muy por debajo de los estándares internacionales recomendados y refleja una sobrecarga permanente.
El incremento de la población carcelaria fue sostenido: en poco más de veinte años el número de personas privadas de libertad se triplicó sin una planificación acorde. A ello se suma la existencia de establecimientos con infraestructura antigua, ampliaciones improvisadas y centros que superan con creces su capacidad original.
Un caso emblemático es la Unidad Penal N°9 Granja El Potrero, que en su apertura fue presentada como un modelo penitenciario y hoy evidencia un alto grado de sobrepoblación, al punto de haberse restringido el ingreso de nuevos detenidos por haber alcanzado su límite operativo.
El resto de las Unidades Penales muestra realidades diversas: la UP1 de Paraná concentra una de las poblaciones más numerosas; la UP3 de Concordia declara oficialmente su sobrepoblación; y establecimientos como los de Concepción del Uruguay, Victoria, Gualeguay y Federal operan con márgenes ajustados entre su capacidad y la cantidad de internos.
Además, la UP2 de Gualeguaychú dejó de estar operativa, lo que reconfiguró la distribución de detenidos en la provincia y aumentó la presión sobre las demás unidades.
La situación se agrava por las condiciones laborales del personal penitenciario: salarios bajos, deudas en viáticos, regímenes de descanso adecuados insuficientes y falta de apoyo psicológico. A diferencia de otras fuerzas de seguridad, no disponen de adicionales, lo que profundiza el desgaste y la tensión en las unidades.
La deuda histórica entre la Nación y la provincia también incide directamente en la crisis
Entre 2016 y 2019 no fueron abonados fondos destinados al alojamiento de presos federales en cárceles entrerrianas, lo que retrasó inversiones en infraestructura y ampliaciones. Esa falta de recursos ralentizó proyectos, como los cinco pabellones de El Potrero, y dejó otras obras inconclusas.
Legisladores provinciales y autoridades judiciales reclaman un abordaje integral: plantean que la prisión debe ser el último recurso y no la única respuesta del Estado, y que es urgente garantizar condiciones dignas, acceso a salud, educación, tratamiento de adicciones y el mantenimiento de vínculos familiares. Sin esas medidas, advierten, el sistema tiende a reproducir desigualdad y exclusión.
