Este 8 de diciembre de 2025 se cumple un año de la desaparición y posterior asesinato de cuatro niños y adolescentes de Las Malvinas, en Guayaquil, un caso que conmovió a Ecuador y que actualmente está en la fase final del juicio contra 17 militares procesados. En los últimos doce meses, audiencias, peritajes y reconstrucciones han permitido precisar lo ocurrido la noche del 8 de diciembre de 2024 y el itinerario institucional posterior, marcado por contradicciones, maniobras de encubrimiento y conductas estatales que han reavivado heridas históricas.
Esa noche, Steven Medina (11), Josué Arroyo (14), Ismael Arroyo (15) y Nehemías Saúl Arboleda (15) regresaban a casa tras jugar fútbol y comprar pan cuando fueron interceptados por dos camionetas de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en la avenida 25 de Julio. La patrulla, compuesta por 16 uniformados, actuó supuestamente en respuesta a una alerta ciudadana por un robo. Según la Fiscalía y los peritajes presentados en audiencia, los militares efectuaron disparos al aire, subieron a los menores a los vehículos y se desplazaron fuera de la ciudad; la ruta quedó registrada en la geolocalización de los teléfonos incautados.
La versión inicial de los militares —que intervinieron para evitar un linchamiento y que luego liberaron a los adolescentes “sanos y salvos” debido a un “árbol caído” que bloqueaba el camino— se fue desmontando con testimonios, pericias y contradicciones internas.
Tres uniformados que se acogieron a la cooperación eficaz describieron hechos distintos: golpes, humillaciones, amenazas, sesiones de “boxeo” forzado y disparos intimidatorios. Uno declaró haber visto al subteniente a cargo disparar a escasa distancia de la cabeza de uno de los menores; otro narró que el mismo oficial pisó pies, manos y cabezas y que los obligaron a desnudarse en una vía rural.
La madrugada siguiente, los padres acudieron a la Policía y, ante la falta de respuestas, presentaron la denuncia formal que activó los protocolos de búsqueda. Mientras las familias buscaban información sobre el paradero de los niños, dentro de las unidades militares predominó el hermetismo.
No se emitió ningún parte operativo el 9 de diciembre ni se registró la supuesta “aprehensión y liberación” que más tarde se mencionó. El silencio administrativo se rompió el 11 de diciembre, cuando el comandante del grupo ordenó por escrito la elaboración de informes. Ese mismo día aparecieron documentos que reproducían literalmente la versión del “árbol caído”, que la Fiscalía identificó como un intento coordinado de fraude procesal.
Las familias también denunciaron extorsiones y llamadas anónimas que intentaban atribuir los hechos a mafias locales. Tres días después de la desaparición, una unidad policial especializada encontró prendas de vestir en un sector rural de Taura. El caso escaló en la agenda pública y alcanzó visibilidad internacional: el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos presentó un habeas corpus y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronunció el 22 de enero, condenando la desaparición y muerte de los cuatro jóvenes afrodescendientes.
Un día antes del hallazgo fatal, el 23 de diciembre, el presidente Daniel Noboa declaró en una entrevista en Radio Democracia que declararía a los cuatro niños como “héroes nacionales”. Esa declaración no se materializó.
El 24 de diciembre, durante la víspera de Navidad, la Policía halló restos humanos calcinados y seccionados en un manglar de Taura. Los cotejos genéticos confirmaron días después que correspondían a los cuatro menores. La Fiscalía formuló cargos contra los 16 militares que integraban la patrulla “Tango Charly” por desaparición forzada con resultado de muerte, y el juez dictó prisión preventiva. Posteriormente, un teniente coronel fue vinculado por presunta participación en el encubrimiento, elevando a 17 el número de procesados.
El año 2025 transcurrió entre audiencias, recursos y reconstrucciones. En febrero, un video difundido con el propósito de sugerir una conducta delictiva previa de los adolescentes fue descartado por la Fiscalía por no acreditar delito alguno. En marzo, una reconstrucción confirmó que la patrulla se desvió por un camino de tercer orden y siguió una ruta ajena a procedimientos legales de detención. Una segunda reconstrucción en abril aportó nuevos testimonios sobre agresiones no declaradas anteriormente.
El 27 de marzo se presentó un informe forense integral que resultó concluyente: determinó que los cuatro murieron por disparos de arma de fuego a corta distancia, con trayectorias compatibles con posiciones de indefensión, y que presentaban lesiones previas a la muerte a pesar del grado de calcinación. Los peritajes balísticos y antropológicos concluyeron que se trató de ejecuciones sumarias.
En octubre la Fiscalía presentó su dictamen acusatorio y los 17 militares fueron llamados a juicio. La audiencia se instaló el 22 de octubre, fue suspendida y se retomó el 5 de noviembre, cuando la Fiscalía empezó a presentar sus pruebas. Entre los elementos relevantes están las extracciones de los teléfonos de los procesados, que muestran la creación de un grupo de WhatsApp usado para coordinar el encubrimiento y unificar la versión del “árbol caído”.
Hoy el juicio sigue en curso. A un año de los hechos, las familias continúan asistiendo a cada diligencia con la expectativa de que las pruebas acumuladas permitan una sentencia justa.
