Hace tres días el Gobierno había decidido suprimir varios artículos de la reforma laboral para acercarse a la CGT. Sin embargo, presiones internas reabrieron la discusión sobre uno de ellos: la limitación de las cuotas solidarias, la medida más relevante para el financiamiento sindical.
En la tarde del lunes el tema seguía en debate entre los principales referentes libertarios. Los plazos apuran: la intención es presentar el proyecto de reforma laboral el martes —o a más tardar el miércoles— antes de elevarlo al Congreso para su tratamiento en sesiones extraordinarias.
Las cuotas solidarias son descuentos obligatorios que financian a los sindicatos mediante deducciones aplicadas a todos los trabajadores de una actividad, afiliados o no, acordadas en convenios colectivos. El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, los calificó de “peajes sindicales” y defendió un artículo (idéntico al del DNU 70) que condiciona esos pagos al consentimiento explícito del trabajador, una propuesta rechazada por la CGT.
La CGT había pedido la eliminación de ese artículo y, en las conversaciones con el Gobierno, logró convencer a asesores como Santiago Caputo y a dos colaboradores de Karina Milei: el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el subsecretario Eduardo “Lule” Menem.
Durante el fin de semana, mientras se preparaba la versión definitiva de la reforma, Sturzenegger volvió a impulsar la inclusión del artículo sobre las cuotas solidarias y contó con apoyos como el de la senadora electa Patricia Bullrich.
En contra de su regreso se manifestaron Santiago Caputo, los Menem y el secretario de Trabajo, Julio Cordero, que advierten que reintroducirlo podría desencadenar un fuerte conflicto con el sindicalismo y complicar la aprobación de la reforma.
Fuentes oficiales informaron a Infobae que ese punto es prácticamente el único no resuelto del proyecto y que Javier Milei no se pronunció directamente: pidió que se le presente un texto que reúna consenso en el gabinete.
Por ese motivo se demoró inesperadamente la redacción final del proyecto, cuya presentación estaba prevista para el martes; ahora podría postergarse al miércoles, ya que la cuestión de las cuotas solidarias sigue en pleno debate interno.
La decisión es relevante: si se mantiene su eliminación, la CGT tendrá menos motivos para oponerse frontalmente; si queda incluida, la medida afectaría el financiamiento sindical y podría desencadenar un conflicto de consecuencias imprevisibles.
En el Gobierno hay posiciones encontradas: algunos priorizan pacificar el frente sindical; otros sostienen que, aun aceptando las demandas de la CGT, no habría un apoyo explícito de la central a la reforma.
Como adelantó Infobae, incluso si se elimina la propuesta de Sturzenegger, otro artículo impediría que el empleador recaude las cuotas solidarias. La ley actual obliga a los empleadores a actuar como “agente de retención” de aportes sindicales; la nueva redacción limita esa obligación a “las cuotas de afiliación” y agrega la exigencia de “conformidad expresa del trabajador y acuerdo entre las partes”, lo que implicaría que los empleadores no estarían obligados a retener las cuotas solidarias.
Otro cambio introducido en favor de la CGT establece que el convenio por empresa prevalecerá respecto del convenio por actividad sólo si es negociado y firmado por el sindicato con personería gremial, excluyendo a las comisiones internas y preservando la incidencia del unicato sindical tradicional.
Esos son dos de los principales cambios reclamados por la CGT, aunque quedan otros artículos que el sindicalismo buscaba eliminar o suavizar.
Uno de ellos restringe la ultraactividad de los convenios y añade una disposición transitoria que ordena: “En el plazo de un año desde la promulgación, la Secretaría de Trabajo convocará a las partes legitimadas para negociar, renegociar y/o ratificar las cláusulas de los convenios colectivos vencidos”.
Además, el texto prevé que “de oficio, o por petición de cualquiera de las partes legitimadas para negociar un convenio colectivo, la Secretaría de Trabajo podrá suspender los efectos del acto de homologación si se demuestra que su aplicación genera ‘distorsiones económicas graves que afecten el interés general’”.
La CGT también reclama eliminar la incorporación que considera infracción muy grave “provocar, instar y/u organizar el bloqueo o tomar un establecimiento”, ya que permitiría responsabilizar y sancionar a las cúpulas sindicales por bloqueos contra empresas.
El sindicalismo rechaza asimismo la regulación más estricta del derecho de huelga incluida en el proyecto, que ya había figurado en el DNU 70 y en el decreto 340, ambos frenados por la Justicia.
Si bien se mantuvo el número actual de delegados por empresa —se descartó el artículo que lo reducía a la mitad—, el proyecto limita las asambleas para evitar que se utilicen como medidas de fuerza e incorpora un inciso que considera práctica desleal “intervenir o interferir intencionalmente afectando el desenvolvimiento de la actividad de la empresa mediante la convocatoria a asambleas violando los términos del artículo 20 bis de la presente ley, u otras medidas de acción directa”.
También se añadieron dos prácticas desleales que la CGT rechaza: “rehusarse a negociar colectivamente con los representantes de la parte empleadora legitimados para hacerlo o provocar dilaciones que obstruyan el proceso de negociación” y “no acatar la conciliación obligatoria dispuesta por la autoridad con facultades suficientes”.
