El Gobierno de Guatemala y la Embajada de Estados Unidos firmaron un acuerdo para intercambiar información con el objetivo de reforzar el control y la seguridad del sistema penitenciario y enfrentar con mayor eficacia a estructuras criminales calificadas como terroristas.
La firma estuvo a cargo del ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, y del embajador de Estados Unidos en Guatemala, Tobin Bradley, quienes destacaron la cooperación bilateral como una herramienta fundamental en la lucha contra el crimen organizado y las pandillas.
El convenio llega en un contexto de crisis carcelaria, que se evidenció hace dos meses con la fuga de 20 miembros de la mara Barrio 18 —grupo declarado terrorista por Estados Unidos— y por el persistente control que ejercen organizaciones criminales dentro de los centros penitenciarios, desde donde coordinan muchas de las extorsiones que afectan al país.
El acuerdo permitirá el intercambio de datos sobre personas privadas de libertad que puedan tener vínculos con actividades terroristas. Según explicó el ministro Villeda, la intención es proporcionar al Estado guatemalteco “información más precisa, más accesible y más útil para la toma de decisiones con relación a los privados de libertad”.
El embajador Bradley dijo que la iniciativa constituye “otro golpe contra estos grupos. Un golpe contra las pandillas que han intentado desestabilizar al pueblo de Guatemala”, y reafirmó el compromiso de Estados Unidos con la seguridad regional.
El diplomático también subrayó la reciente aprobación de la Ley Antipandillas por parte del Congreso, indicando que dicha normativa “no solo aumenta las penas para los pandilleros, sino también autoriza la construcción de nuevas cárceles para esos delincuentes y designa a la Mara Salvatrucha y al Barrio 18 como grupos terroristas”.
Villeda calificó el convenio como “histórico para el mundo” y señaló que se trata del “primer acuerdo de su tipo”. Además, remarcó que el acceso a herramientas tecnológicas e información moderna es esencial para fortalecer la capacidad del Estado de ejercer un control efectivo, verificable y confiable sobre las personas bajo custodia del sistema penitenciario.
“El mensaje es claro: el Estado mantiene el control y hoy lo fortalece aún más”, afirmó el ministro de Gobernación.
El sistema penitenciario guatemalteco profundizó su crisis tras la evasión de los 20 miembros del Barrio 18 de la cárcel Fraijanes II, al sureste de la Ciudad de Guatemala. Tras ese episodio, más de veinte personas —entre exfuncionarios y trabajadores del sistema carcelario— han sido detenidas, y existen órdenes de captura contra la anterior cúpula de seguridad, que debió ser reemplazada.
(Con información de EFE)
