Olivos busca cerrar el año con un intenso ritmo legislativo para aprobar el Presupuesto 2026 y avanzar con la reforma laboral, aunque en sectores oficialistas hay diferencias sobre las posibilidades reales. La movida, que el lunes debería asegurar la integración de comisiones en Diputados, expondrá rápidamente el alcance y el costo del pacto con gobernadores, las internas políticas y los riesgos atribuidos por algunos socios a errores de cálculo o, según críticos, a una cerrazón política.
La negociación por el Presupuesto pareció encaminarse a mediados de semana, lo que explicaría la demora inicial en integrar la Comisión de Presupuesto y Hacienda en Diputados. Esa integración quedó fijada para el lunes y servirá para mostrar quiénes resultan beneficiados o perjudicados desde la óptica oficialista.
No sería la única convocatoria para comenzar la semana, aunque sí la prioritaria para el Gobierno. La presidencia de la Cámara baja, a cargo de Martín Menem, planea también integrar comisiones vinculadas a iniciativas oficiales: Legislación del Trabajo (a la espera de pasos del Senado sobre la reforma laboral), Recursos Naturales (por la ley de Glaciares), además de Legislación General y Asuntos Constitucionales.
Es probable que la primera discusión en Diputados se centre en el reparto de bancas en esas comisiones —empezando por Presupuesto y Hacienda— con el objetivo de asegurar a socios y aliados. En espacios opositores como Provincias Unidas y en sectores duros del peronismo/K consideran que se darán lugares por encima del peso real de algunos gobernadores que se distanciaron de UxP y de algunos bloques provinciales.
La ofensiva por el Presupuesto y los primeros pasos de la reforma laboral muestran acuerdos que, como en la política tradicional, incluyen contraprestaciones claras: la asignación de recursos manejados por el poder central. A pesar del tiempo dedicado a elaborar los proyectos y negociar en público y en privado, también surgen problemas que podrían terminar en la Justicia —especialmente en materia laboral— y generar disputas internas.
Las señales de trato con gobernadores provinieron más de respuestas a reclamos que de nuevas negociaciones, originadas en la ronda de conversaciones que Diego Santilli mantuvo con mandatarios provinciales. Aún no todas las provincias están incluidas. Se trata de demandas a cambio de votos en el recinto; según una fuente provincial, “están cumpliendo”, tras una reacción inicial que fue calificada de lenta. El ministerio de Economía aparece como la principal incógnita sobre el desenlace de las tratativas.
La atención especial a Tucumán, mediante el giro de ATN, puso de relieve el tipo de convenios informales que se están acordando. Osvaldo Jaldo fue aliado de Olivos desde los inicios de la gestión, se distanció durante una etapa y luego retomó el apoyo tras octubre.
No es el único caso: el gobernador catamarqueño Raúl Jalil ganó apreciación tras romper con UxP y favorecer que LLA se convirtiera en primera minoría en Diputados, lo que se reconoció en la atención a sus demandas. También hubo concesiones fuera del peronismo, con compromisos hacia Marcelo Orrego (San Juan) y Carlos Rovira (Misiones); algunos obtuvieron casilleros relevantes en Presupuesto y Hacienda según listados que trascendieron.
Las negociaciones con aliados como Alfredo Cornejo (Mendoza) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos) están casi cerradas, aunque faltan formalidades; en cambio, la relación con Santa Fe y Córdoba se muestra más fría. Tampoco hay resolución sobre las conversaciones con la Ciudad de Buenos Aires, afectada por la poda de coparticipación decidida por el Gobierno nacional.
El oficialismo confía en contar con los votos para acelerar el trámite del Presupuesto: la intención es integrar la comisión el lunes, emitir dictamen de inmediato y sesionar a mitad de semana. Si se logra, el proyecto pasaría al Senado para su ratificación sin cambios, lo que requiere que el acuerdo con gobernadores y el respaldo disciplinado de socios se repita en la Cámara alta.
El Senado, por su parte, tiene sobre la mesa la reforma laboral. La pregunta es si el pacto por el Presupuesto también garantizará apoyo para esa reforma. No está claro: algunos puntos tributarios del texto podrían perjudicar los ingresos por coparticipación de las provincias. Para el Gobierno, esto resulta más preocupante que la posibilidad de demandas judiciales por artículos impositivos, las cuales consideran de escasa viabilidad práctica.
Además de ese punto, desde sectores del oficialismo se advierte malestar por la falta de control en temas sensibles para las provincias. Tampoco es fácil sostener posiciones respecto de indemnizaciones, que podrían afectar el sistema previsional. La tensión interna se relaciona también con la velocidad que impulsa Patricia Bullrich para consolidarse como jefa política del oficialismo en el Senado, lo que explica discrepancias sobre los plazos: emitir dictamen y votar antes de fin de año en pocos días hábiles, en un período en que muchos legisladores viajan por las fiestas.
El proyecto generó posiciones enfrentadas entre los jefes sindicales y reveló tensiones dentro del círculo más cercano a Milei: por un lado, actores más políticos como Karina Milei y Santiago Caputo; por otro, referentes técnicos como Federico Sturzenegger. El apuro por avanzar parece apostar al acuerdo político sin convocar a los sectores involucrados —cegetistas, cámaras empresarias y especialistas en legislación laboral— para discutir los cambios.
Fuera de la agenda oficialista surgió un aviso inquietante: la Asociación de Magistrados se manifestó en contra de artículos del proyecto que, según su interpretación, podrían conducir a la “disolución de la Justicia Nacional del Trabajo”. Puede atribuirse a falta de pericia técnica, pero también parece representar una reacción política profunda, suavizada por la necesidad de acuerdos y sostén para las iniciativas del Gobierno y con repercusión que trasciende lo estrictamente interno.
