El exministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D’Onofrio, presentó este lunes ante el fiscal Álvaro Garganta un amplio descargo en el que rechazó las imputaciones que lo vinculan con presuntas irregularidades en la concesión del servicio de Verificación Técnica Vehicular (VTV).
La causa investiga, además, un supuesto entramado de abogados y funcionarios que habría intervenido para reducir o anular multas de tránsito aplicadas en rutas bonaerenses a cambio de pagos ilegales.
En un escrito de 25 carillas, D’Onofrio afirmó que la licitación fue “legal, pública e internacional” y contó con el aval de los organismos de control y asesoría. Negó haber direccionado la adjudicación de las concesiones y aseguró que las empresas que obtuvieron los talleres verificadores en 2024 no recibieron beneficios indebidos, según consignó la Agencia Noticias Argentinas citando fuentes judiciales.
La investigación del fiscal Garganta tiene alcance sobre un servicio que afecta a millones de conductores: en la provincia hay más de cuatro millones de vehículos registrados que deben realizar la VTV, cuyo costo mínimo para autos particulares se ubica en $79.640 por revisión.
Según la fiscalía, D’Onofrio habría favorecido a ocho empresas adjudicatarias y dispuesto un mecanismo de retornos a través de una firma contratada para gestionar turnos y cobros online.
La causa
El foco también está en la contratación de Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica S.A., la empresa encargada de gestionar turnos virtuales. La fiscalía sospecha que esa “turnera” funcionó como intermediaria para el pago de coimas: las concesionarias, según la investigación, habrían debido abonar inicialmente un 3% y luego hasta un 8,5% más IVA de sus ingresos mensuales durante los diez años de la concesión.
Cada turno solicitado por Internet implicaría una comisión directa: desde aproximadamente $2.500 por la VTV de un auto particular hasta $11.000 en el caso de vehículos de transporte. En su presentación, D’Onofrio defendió la decisión, sostuvo que la incorporación de tecnología buscaba mejorar la transparencia y trazabilidad del sistema y negó cualquier vínculo previo con Sebastián Decio, titular de la empresa señalada como nexo clave en la causa.__IP__
El fiscal Garganta convocó a declarar próximamente a los propietarios y titulares de las siete empresas que recibieron licencias para operar la VTV en distintos puntos de la provincia, incluido Decio. En paralelo, la investigación avanza sobre un presunto esquema de manipulación de fotomultas que habría contado con la connivencia de jueces de faltas en puestos estratégicos.
Aunque D’Onofrio está en libertad, su situación judicial se complica: semanas atrás el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, lo procesó por presunto lavado de activos, dictó un embargo por $350 millones y ordenó la inhibición de sus bienes.
