La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó que concedió medidas cautelares a favor de nueve nicaragüenses que habían sido condenados a penas de hasta 133 años por un ataque armado contra una caravana sandinista en julio de 2014, incidente que dejó cinco personas fallecidas y 40 heridas.
En su resolución, la CIDH indicó que otorgó las medidas al considerar que los nueve detenidos enfrentan una situación de gravedad y urgencia, puesto que sus derechos a la vida, a la integridad personal y a la salud estarían en riesgo de sufrir daños irreparables mientras permanecen bajo la custodia del Estado nicaragüense, dirigido por los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Los beneficiarios de las medidas cautelares son Walter Balmaceda y su hijo homónimo, Jairo Obando, Eddy Gutiérrez, Zacarías Cano, Rosendo Huerta, Leonel Poveda, José Olivar Meza y José Ricardo Cortez, según la resolución de la CIDH.
La justicia nicaragüense los declaró culpables de delitos que incluyen conspiración, proposición para la ejecución de delitos de crimen organizado en concurso real con asesinato, lesiones gravísimas y daño agravado.
El ataque se produjo cuando la caravana de sandinistas regresaba de un acto masivo en conmemoración del 35.o aniversario de la caída del expresidente Anastasio Somoza Debayle.
La CIDH señala que los beneficiarios carecerían de acceso a atención médica adecuada para sus problemas de salud y se encontrarían en condiciones precarias de detención, que incluirían la ausencia de agua potable, alimentación insuficiente y celdas insalubres.
Además, la Comisión reporta que podrían estar siendo objeto de amenazas por parte de agentes penitenciarios. Según la CIDH, el Estado nicaragüense no proporcionó información en respuesta a su solicitud.
Con base en el artículo 25 de su reglamento, la CIDH requirió a Nicaragua adoptar las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida, a la integridad personal y a la salud de las personas beneficiarias.
Asimismo, solicitó que se implementen acciones para garantizar que las condiciones de detención sean compatibles con los estándares internacionales aplicables.
La CIDH pidió además que se evite que las personas beneficiarias sean objeto de cualquier tipo de violencia, amenazas, intimidaciones o agresiones dentro del centro penitenciario; que se asegure su acceso a atención médica adecuada y especializada, incluidos tratamientos y medicamentos; y que se realice de forma inmediata una valoración médica integral sobre su estado de salud.
Finalmente, la Comisión solicitó que el Estado informe sobre las medidas adoptadas para investigar los hechos que motivaron la resolución y así prevenir su repetición.
(Con información de EFE)
