El Senado de Estados Unidos aprobó este miércoles una ley de defensa que autoriza 901.000 millones de dólares para programas militares y establece un aumento salarial del 3,8% para las tropas. La norma, de más de 3.000 páginas y con amplio respaldo bipartidista, será remitida al presidente Donald Trump para su firma tras su trámite en la Cámara de Representantes.
El texto refuerza la estrategia militar en Centro y Sudamérica, modifica políticas de diversidad en las fuerzas armadas y obliga al Pentágono a una mayor transparencia y supervisión legislativa. También pone énfasis en el desarrollo tecnológico para competir con China.
“Estamos a punto de aprobar, y el presidente firmará con entusiasmo, las mejoras más radicales a las prácticas comerciales del Departamento de Defensa en 60 años”, afirmó el senador republicano Roger Wicker, presidente de la Comisión de Servicios Armados del Senado.
El Congreso aumentó el presupuesto en 8.000 millones de dólares respecto a la solicitud inicial de la Casa Blanca e incluyó cerca de 400 millones de dólares anuales de ayuda militar para Ucrania, así como fondos para la defensa de Estonia, Letonia y Lituania, reafirmando el compromiso con aliados europeos.
La ley consolida más de una docena de órdenes ejecutivas del presidente Trump, entre ellas la eliminación de oficinas de diversidad, equidad e inclusión en las fuerzas armadas y la anulación de programas climáticos, lo que la Comisión de Servicios Armados de la Cámara estimó en un ahorro aproximado de 40 millones de dólares. Además, suprime 1.600 millones de dólares en iniciativas relacionadas con el cambio climático dentro del Pentágono.
En lo legislativo, el Senado aprobó también la derogación de autorizaciones de guerra previas, incluidas las usadas en la invasión a Irak en 2003 y en la Guerra del Golfo de 1991, con el objetivo de limitar el uso de esas autorizaciones para justificar futuros conflictos armados. La ley, asimismo, levanta de manera permanente sanciones impuestas al Gobierno de Siria, dando continuidad a una suspensión temporal previa y orientando la medida a facilitar la reconstrucción económica y una eventual transición democrática en ese país.
El proyecto enfrentó objeciones en la Comisión de Comercio del Senado por disposiciones que permiten a ciertas aeronaves militares no transmitir su ubicación precisa, excepción vinculada al accidente ocurrido en Washington D.C. en enero, donde fallecieron 67 personas. El senador republicano Ted Cruz, presidente de la comisión, anunció que buscará el próximo mes un acuerdo bipartidista que obligue a todas las aeronaves militares a compartir su posición para evitar incidentes similares.
Exigen al Pentágono videos de ataques a embarcaciones de Venezuela
Los legisladores incluyeron una iniciativa bipartidista que retiene el 25% del presupuesto destinado a viajes de Hegseth como medida de presión hasta que las comisiones de Fuerzas Armadas del Senado y de la Cámara reciban el video íntegro y sin editar del bombardeo a una embarcación en el Caribe. En ese ataque, ocurrido a principios de septiembre, murieron once tripulantes, incluidos dos supervivientes de un primer bombardeo; Estados Unidos calificó a los fallecidos como “narcoterroristas” procedentes de Venezuela. Varios expertos legales estimaron que rematar a sobrevivientes podría constituir un delito.
La disposición exige además que Hegseth entregue todo el material y las pruebas relacionadas con otros ataques de la campaña militar ejecutada por la administración Trump en la región del Caribe. El Pentágono había compartido inicialmente solo una parte del video; tras reunirse con legisladores, Hegseth dijo a periodistas que mostraría el material completo en sesiones cerradas a los integrantes de las comisiones, pero descartó su divulgación pública por tratarse de información “altamente secreta”.
En declaraciones iniciales, Trump dijo no tener objeciones a la publicación completa de las imágenes, aunque posteriormente señaló que la decisión final recaería en Hegseth.
Según autoridades estadounidenses, la operación en el Caribe y el Pacífico oriental ha llevado a la destrucción de alrededor de dos docenas de embarcaciones presuntamente cargadas con narcóticos y ha causado al menos 95 muertos, en un contexto de creciente tensión con el gobierno venezolano, al que Washington acusa de encabezar redes regionales de tráfico de drogas hacia Estados Unidos.
(Con información de AP/EFE)
