El oficialismo aprobó en general el Presupuesto 2026 tras un extenso debate en la Cámara de Diputados. La consideración en particular seguirá en las próximas horas y algunos artículos podrían ser rechazados, sobre todo el 75, que elimina la emergencia en discapacidad y el financiamiento universitario. El proyecto con media sanción será remitido al Senado, donde los libertarios buscan convertirlo en ley antes de fin de año. Es el primer Presupuesto de la gestión Milei, después de dos años en los que el Ejecutivo prorrogó el presupuesto de 2023.
La bancada oficialista contó con el apoyo del PRO, la UCR, el MID, peronistas disidentes de Elijo Catamarca (vinculados al gobernador Raúl Jalil), los tucumanos de Independencia (del gobernador Osvaldo Jaldo), siete diputados de Innovación Federal (de Salta y Misiones), la diputada de La Neuquinidad (vinculada al gobernador Rolando Figueroa), un diputado de Por Santa Cruz (del gobernador Claudio Vidal) y los dos sanjuaninos de Producción y Trabajo (del gobernador Marcelo Orrego).
Los bloques del peronismo, Encuentro Federal y la izquierda rechazaron el proyecto. Provincias Unidas se abstuvo, pero tuvo un papel relevante al inicio de la sesión: diputados como Nicolás Massot y Miguel Pichetto, junto a representantes de Córdoba, contribuyeron a alcanzar el quórum.
El presupuesto oficial proyecta un crecimiento económico del 5% del PBI, una inflación anual del 10,1% y un dólar cercano a $1.423 en diciembre de 2026. El Gobierno estima un superávit primario del 1,5% del PBI y financiero del 0,2%, y prevé un crecimiento de las exportaciones del 10,6%. El texto además elimina las metas de financiamiento mínimo en educación, ciencia y defensa. La oposición consideró que esas proyecciones no son realistas, por ejemplo porque implicarían un dólar en 2026 por debajo de la cotización actual.
El artículo 75 concentró la mayor polémica, ya que deroga las leyes de emergencia en discapacidad y el financiamiento universitario. En ese contexto, la sesión comenzó con una propuesta del oficialismo para que la votación en particular se haga por títulos —agrupando varios artículos—, una estrategia para evitar que aliados se desligaran en ese punto central.
La oposición reclamó que la votación fuera nominal, artículo por artículo, para que el 75 no quedara mezclado con otros temas como subsidios al gas, deudas de CAMMESA o la actualización de prestaciones por discapacidad. Pablo Juliano, de Provincias Unidas, advirtió que votar por títulos impediría expresar posiciones claras y criticó el método.
Pese a las protestas, la moción del oficialismo para votar por títulos fue aprobada con 130 votos a favor y 112 en contra.
El presidente de la Comisión de Presupuesto, Bertie Benegas Lynch, defendió el proyecto y sostuvo que reducir impuestos pasa por achicar el gasto público.
Benegas Lynch afirmó que es “un principio moral no gastar más de lo que se tiene” y resaltó que, según su criterio, el gobierno de Milei mantuvo equilibrio fiscal aun sin contar con un presupuesto formal.
Señaló además que tratar de presentar el equilibrio fiscal como contrario a la contención social es erróneo y que, en su visión, bajar el gasto del Estado constituye una forma de alivio social tras décadas de peso estatal.
Desde el peronismo replicaron que el presupuesto implicaría más ajuste, caída del consumo y afectación del entramado industrial. Agustín Rossi preguntó cómo se pretende reactivar el consumo o revertir la desigualdad con esas medidas.
Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, calificó el presupuesto de “injusto, ilusorio y ficticio”, y sostuvo que subestima la inflación y la pérdida de poder adquisitivo que ya enfrentan los argentinos.
En las semanas previas, el Gobierno mejoró la relación con gobernadores aliados mediante Aportes del Tesoro Nacional (ATN). El ministro del Interior, Diego Santilli, distribuyó $66.000 millones entre provincias como Tucumán, Misiones y Chaco. También estuvo en negociación la reforma de la Ley de Glaciares, con el fin de atraer el aval de provincias patagónicas para ampliar la actividad minera en zonas hoy restringidas.
A última hora, Santilli se comprometió a incorporar al Presupuesto 2026 los fondos adeudados a la Ciudad de Buenos Aires por coparticipación, en cumplimiento de un fallo de la Corte Suprema, un punto que había sido la principal discrepancia del PRO para respaldar el dictamen mayoritario.
Durante la sesión, Santilli fue visto en los pasillos de la Cámara manteniendo reuniones hasta último momento con diputados aliados para asegurar el apoyo, especialmente sobre el controvertido artículo 75.
Minutos antes de la votación, el informante Bertie Benegas Lynch anunció que introduciría dos cambios al texto: incluir la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires y aumentar el financiamiento del Poder Judicial en el capítulo 11, además de la derogación de las leyes relacionadas con discapacidad y universidades.
Cristian Ritondo, presidente del bloque PRO, criticó la maniobra y sostuvo que esos cambios pertenecen al artículo 2 y no al capítulo 11, aunque aseguró que el PRO votaría a favor en general y en particular. En términos más duros, Germán Martínez, jefe del bloque Fuerza Patria, acusó al oficialismo de introducir los nuevos artículos en el capítulo 11 para impedir que jueces cuestionen su votación y así proteger el financiamiento del Poder Judicial, y los tildó de “chantas”.
